Por primera vez, el Instituto Nacional de Vías convocó a comunidades Wayuu en Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao para que participaran activamente en las decisiones sobre cuáles carreteras serían intervenidas con prioridad. Este ejercicio de concertación no es un trámite más: responde a la Sentencia T-302 de la Corte Constitucional, que ordenó al Estado garantizar que los pueblos indígenas tengan incidencia real en proyectos que los afecten directamente.

La inversión que llega a La Guajira es monumental. Dentro del programa nacional "Vías para la Paz", que mueve $15,04 billones a nivel país, el departamento recibirá $3,3 billones para contratar 11 obras viales cuyo proceso de adjudicación comenzó en marzo de 2026. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, lo expresó así en su momento: "En marzo La Guajira pasa del anuncio a la ejecución", y añadió que estas intervenciones "contribuyen al cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 y a la garantía efectiva de derechos para sus comunidades".

Durante las jornadas, técnicos del Invías presentaron análisis detallados que van más allá de lo típico en estas licitaciones. Analizaron mortalidad infantil, acceso a agua potable, cobertura de salud y educación, vulnerabilidad hídrica y conectividad rural. Con esta información, se busca que cada kilómetro de carretera que se construya ataque de raíz las inequidades territoriales que han dejado sin alternativas a muchas familias Wayuu.

Los corredores viales seleccionados son concretos: Taparrajín–Jojoncito–Siapana, San Martín–Nazareth y Uribia cabecera–Watchwali–Puerto López–Nazareth, entre otros. Estos tramos no son números en un presupuesto. Son rutas que hoy están en mal estado y que separan a niños de las escuelas, a enfermos de los hospitales y a productores de los mercados donde vender sus cosechas.

Las comunidades Wayuu acogieron bien la iniciativa, pero dejaron claro qué esperan. Pidieron cronogramas transparentes, seguimiento ciudadano en cada fase, y algo especialmente importante: que las obras generen empleo local y que el propio pueblo Wayuu reciba capacitación en mantenimiento vial. No quieren ser solo observadores pasivos, sino protagonistas que se beneficien del desarrollo.

El Invías también está avanzando en paralelo con la selección de interventorías por más de $200.000 millones, que garantizarán control técnico y transparencia en la ejecución. El Instituto anunció que estos diálogos con las comunidades continuarán de forma periódica mientras avanzan las obras, en un compromiso que, al menos en las palabras iniciales, parece genuino: construir soluciones estructurales que dignifiquen al pueblo Wayuu después de décadas de abandono en infraestructura.