Lo que pudo verse en videos difundidos por redes sociales durante las recientes protestas indígenas en Bogotá encendió las alarmas en la ciudad. Imágenes mostraban niños de corta edad ubicados en la primera línea de las manifestaciones, en inmediaciones del Ministerio del Interior, en medio de enfrentamientos y bloqueos. La sospecha de las autoridades es que estos menores fueron colocados ahí presuntamente para impedir que la fuerza pública interviniera.

El caso ha generado un rechazo nacional por la exposición de los niños a riesgos físicos y lo que representa como vulneración de sus derechos fundamentales. Desde la alcaldía de Bogotá informaron que ya se habían radicado múltiples denuncias ante la Fiscalía General de la Nación sobre hechos que van más allá de la protesta social, incluyendo posibles vulneraciones a derechos de niños, niñas y adolescentes. Aunque se han presentado estos reportes, según manifestaron funcionarios locales, varios de estos procesos no mostrarían avances significativos.

La tensión en la zona se intensificó cuando un grupo de manifestantes se quedó en las instalaciones oficiales, lo que obligó a intervenir a unidades especializadas para habilitar corredores humanitarios y permitir que las personas salieran del lugar. Fue en medio de estos operativos cuando habrían ocurrido los hechos que ahora son objeto de investigación.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar rechazó categóricamente lo sucedido y anunció acciones legales para esclarecer responsabilidades. Las entidades coinciden en un mensaje claro: proteger los derechos de los menores debe ser prioridad, garantizando que no sean utilizados en medio de conflictos sociales o manifestaciones. El bienestar y la seguridad de los niños no puede negociarse, dicen desde las instituciones.