Dos funcionarios de la justicia colombiana están bajo investigación por un asunto que toca el corazón de la seguridad del Estado: la presunta filtración de información clasificada desde la Fiscalía que habría terminado en manos del ELN. Un investigador del CTI y una fiscal especializada en crimen organizado aparecen mencionados en varios expedientes donde se señala que información reservada pudo haber sido utilizada por la guerrilla para identificar y ejecutar a quienes consideraba desertores y colaboradores de las autoridades.

El trasfondo de esta investigación son los asesinatos de dos excombatientes del ELN: Otto Daniel Aponte Vásquez, muerto el 18 de agosto de 2023, y Joaquín Vergara Mojica, asesinado un día después en San Vicente de Chucurí, Santander. Vergara fue perseguido hasta un establecimiento comercial donde fue atacado a tiros. El ELN posteriormente se atribuyó ambos homicidios, describiéndolos como "ajusticiamientos" por traición. Según reportes de inteligencia, los dos hombres eran considerados dentro de la estructura guerrillera como posibles informantes de las autoridades.

Un testigo que declaró ante Alberto Acevedo, entonces director del CTI, en septiembre de 2023, relató durante más de dos horas y media lo que denominó una "cacería interna" del ELN para identificar quién había filtrado información sobre un supuesto plan terrorista de gran envergadura. Según el testimonio, el complot implicaba 2.600 millones de pesos y tenía como posibles blancos al entonces fiscal general Francisco Barbosa, al general retirado Eduardo Enrique Zapateiro y a la senadora María Fernanda Cabal. El informante aseguró que la idea era generar una distracción de alto impacto mediático mientras la guerrilla realizaba movimientos estratégicos de tropas y armamento desde Venezuela hacia Colombia.

Durante su declaración, el testigo señaló a una fiscal especializada en crimen organizado por haber indagado sobre su identidad e información de su familia, pese a que no tenía competencia directa en el caso que se investigaba. El testigo sostiene que tras esas averiguaciones, el rastro se desvió hacia Vergara y Aponte, quienes finalmente fueron asesinados. En esta controversia también está involucrado el investigador del CTI Eber Augusto Huertas, quien acompañó al informante durante su declaración. Huertas y la fiscal habían trabajado juntos años atrás en investigaciones en Arauca en 2013.

La relación entre estos dos funcionarios ha estado marcada por acusaciones mutuas. Según información de El Tiempo, la fiscal ha presentado denuncias por presunto acoso e injuria contra Huertas, mientras que el investigador ha insinuado supuestos vínculos de ella con el ELN, afirmaciones que ahora forman parte de las indagaciones en curso. Por el momento, las autoridades analizan los expedientes para establecer si realmente existieron filtraciones de datos sensibles dentro de la institución y si estas pudieron haber facilitado los asesinatos de los dos desertores.

Según la investigación del medio citado, la fiscal será trasladada a la Dirección Especializada de Derechos Humanos, y el investigador continúa trabajando en Paloquemao. La fiscal, por su parte, ha solicitado la activación de un grupo especial para que esclarezca todas las denuncias en su contra que la vinculan con el grupo armado ilegal.