En Medellín está sobre el tapete un caso que toca de cerca a muchos bogotanos: una agencia inmobiliaria acusada de estafar a propietarios e inquilinos. Más de 40 personas han presentado denuncias ante las autoridades, señalando que la empresa recibía dinero de arriendo, anticipos de futuros inquilinos e inmuebles para administrar, pero después no cumplía. El dinero simplemente desaparecía de las cuentas de sus dueños y las viviendas prometidas nunca llegaban a manos de quien las pagaba.

Según los registros que conocen las autoridades, la modalidad era clara: la inmobiliaria captaba viviendas y apartamentos diciendo que los administraría, recibía los cánones de arriendo y dineros anticipados de posibles inquilinos. Pero esos recursos nunca llegaban a los propietarios. Y cuando la gente reclamaba, la empresa soltaba la misma excusa una y otra vez: problemas financieros, retrasos bancarios, inconvenientes en las consignaciones. Historias que calmaban a la gente un tiempo, pero que nunca se resolvían.

La Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín ha estado trabajando mano a mano con la Fiscalía General de la Nación para avanzar en investigaciones administrativas y penales. Laura Hernández, subsecretaria de Gobierno Local y Convivencia, explicó que "desde la Secretaría de seguridad y convivencia, hemos liderado junto con la inspección de protección al consumidor, acciones claras de inspección, control y vigilancia que ya dejan unos resultados concretos: 25 quejas recibidas, 17 acciones impuestas y seis procesos administrativos en curso". Además, ya han cancelado la matrícula con la que operaba la empresa, impidiéndole que siga funcionando mientras continúan las verificaciones.

Los casos como este afectan tanto a gente que confía sus viviendas a estas agencias como a familias que, con toda buena fe, entregan dinero pensando que está todo en regla, que la empresa es legal y está vigilada. Y efectivamente, la gente pagaba creyendo estar asegurada, pero no era así.

Ante esto, la Alcaldía de Medellín le está pidiendo a todos que antes de entregar dinero o autorizar la administración de un inmueble, verifiquen bien. Lo principal es confirmar que la inmobiliaria tenga registro formal y matrícula vigente, que tenga una dirección física real, que se pueda comprobar. También es clave revisar sus antecedentes, buscar referencias de otras personas que hayan trabajado con ellos y pedir opiniones. Y lo más importante: desconfiar de ofertas raras, condiciones poco claras o gente que exige pagos de una vez sin contrato escrito que respalde todo.

Otro punto que subrayan las autoridades es exigir que todo quede por escrito. Un contrato donde estén claras las obligaciones de cada quién, cómo se va a pagar, cuándo se entregan los inmuebles y cuándo se hacen las consignaciones. Y cada pago debe tener comprobante, factura o estado de cuenta bancario. Esos papeles son lo que les salva en caso de que algo se tuerce y hay que acudir a un juzgado.

Si usted siente que fue víctima de algo parecido, la Administración Distrital pide que denuncie ya mismo ante las autoridades competentes. Así evita que otros sigan cayendo en la misma trampa y ayuda a que los procesos avancen más rápido.