Una agencia inmobiliaria de Medellín está siendo investigada por supuestamente defraudar a más de 40 ciudadanos. Según las denuncias, la empresa operaba recibiendo inmuebles para administrarlos, pero se quedaba con los dineros de arriendos y anticipos sin trasladarlos a los propietarios, o simplemente no entregaba los inmuebles que ofrecía a los interesados.

Cuando las víctimas reclamaban, la agencia respondía justificando los incumplimientos con problemas financieros y bancarios. Eso es lo que ahora investigan las autoridades aplicando la ley 820 de 2003, que regula este tipo de operaciones.

Desde la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, junto con la inspección de protección al consumidor, se han tomado acciones concretas. "Desde la Secretaría de seguridad y convivencia, hemos liderado junto con la inspección de protección al consumidor, acciones claras de inspección, control y vigilancia que ya dejan unos resultados concretos 25 quejas recibidas, 17 acciones impuestas y seis procesos administrativos en curso", explicó Laura Hernández, subsecretaria de Gobierno Local y Convivencia.

La Fiscalía General de la Nación también está involucrada en las investigaciones para establecer responsabilidades penales. "De manera articulada con la Fiscalía General de la Nación avanzamos en estas investigaciones para establecer responsabilidades penales, mientras desde la administrativo seguimos aplicando la ley, incluso con esa posibilidad de cancelar la matrícula de esta agencia", añadió Hernández.

Para evitar caer en situaciones similares, las autoridades recomiendan a los ciudadanos que verifiquen el registro formal de cualquier agencia inmobiliaria, confirmen su dirección física ante la Alcaldía, revisen su historial de funcionamiento y pidan referencias comprobables. Lo más importante: nunca entregar dinero sin contar con soportes contractuales claros.