Investigan abogado del alcalde de Villavicencio por cobrar 71 millones sin ejecutar trabajos

La Contraloría de Villavicencio adelanta una investigación por presunto detrimento de 71 millones de pesos. El abogado Saúl Villar Jiménez habría recibido pagos por asesoría jurídica sin evidencia de haber realizado los servicios contratados. El caso también involucra al supervisor William Velásquez Prieto y se originó en una denuncia anónima presentada a finales de 2025.
Los ojos de la Contraloría de Villavicencio están puestos en Saúl Villar Jiménez, un abogado contratado en 2025 para asesorar legalmente al despacho del alcalde Alexander Baquero Sanabria. Lo grave del asunto es que, según las investigaciones, el profesional habría recibido alrededor de 71 millones de pesos por servicios que nunca ejecutó realmente. No hay evidencia suficiente de que cumpliera con las obligaciones pactadas en el contrato.
La historia salió a la luz tras una denuncia anónima presentada el 26 de diciembre de 2025. Cuando los contralores revisaron a detalle el acuerdo, encontraron inconsistencias preocupantes. Los documentos que debían comprobar que el trabajo se había hecho no existían o estaban incompletos. Lo más problemático fue descubrir que alguien certificó actividades sin respaldo adecuado, lo que permitió que se hicieran los pagos sin la verificación debida.
William Velásquez Prieto, quien fungía como supervisor y asesor del despacho, también quedó en la mira de la investigación. La Contraloría advirtió que incumplió con su función de vigilancia. En el informe revelado por El Tiempo, se deja claro: "Se evidencia que el supervisor incumplió con la función de ejercer el control y vigilancia sobre la ejecución contractual de los contratos".
Lo que complica más el panorama es que el contrato inicial no solo se mantuvo, sino que fue ampliado y prorrogado posteriormente, aumentando así el dinero comprometido. Por eso el impacto económico en las finanzas de Villavicencio es aún mayor. Además de los investigados, dos aseguradoras fueron incluidas como posibles terceros responsables en el ámbito civil.
Ahora los implicados han sido citados para que presenten su versión sobre los hechos. La administración municipal también fue notificada para colaborar en la investigación, ya que el municipio es la entidad afectada por el presunto daño a los recursos públicos. La Contraloría continuará recopilando pruebas antes de llegar a una decisión definitiva. Por el momento, ninguno de los investigados ha hecho declaraciones públicas sobre el tema.
Fuente original: El Colombiano - Colombia


