Un video que circuló públicamente mostró a funcionarios del Hospital Nazareth en Uribia visitando rancherías en zona rural, vistiendo uniformes institucionales y realizando actividades de apoyo electoral al candidato presidencial Iván Cepeda. La grabación, revelada en exclusiva por EL COLOMBIANO, desató una controversia porque se utilizó personal de los Equipos Básicos de Salud para promover la campaña del Pacto Histórico entre pobladores wayúu.

En las imágenes se observa a trabajadores del centro asistencial reuniendo a miembros de comunidades indígenas y explicándoles cómo votar por Cepeda, empleando tarjetones y material de propaganda. En uno de los videos, captado con celular, una persona pregunta a los asistentes: "Aquí estamos mostrando con quién tenemos que trabajar. Ahora, ¿con quién?". La respuesta llegó al unísono: "Cepeda".

Ante la divulgación, Larry Laza Barrios, agente interventor del hospital, emitió un comunicado donde expresó que "la E.S.E. Hospital Nazareth en Intervención (...) rechaza de manera categórica cualquier conducta realizada por personas vinculadas contractualmente con la entidad que, haciendo uso de uniformes, distintivos o elementos que identifiquen institucionalmente al Hospital, desarrollen actividades ajenas a la prestación de los servicios de salud o que puedan interpretarse como manifestaciones de proselitismo político". También aclaró que ninguna directiva autorizó o promovió este tipo de actividades política-partidistas.

El funcionario anunció que se adelantarán investigaciones internas y se tomarán medidas administrativas, contractuales y legales contra los responsables. El hospital busca preservar su credibilidad y garantizar que sus recursos se usen exclusivamente para la atención de usuarios, sin fines políticos.

La situación generó mayor controversia porque el Hospital Nazareth es una institución intervenida por el Gobierno Nacional que hace parte de la red pública de salud en La Guajira. Además, ha recibido del Gobierno embarcaciones para atender emergencias médicas y trasladar pacientes por vía marítima, dadas las dificultades de conectividad terrestre en la región.

El episodio se suma a un debate nacional más amplio sobre los límites entre gestión pública y actividad política. Actualmente, seis ministros y más de 140 servidores públicos enfrentan investigaciones disciplinarias por presuntos hechos de participación indebida en actividades electorales. Recientemente, el Consejo de Estado ordenó al presidente Gustavo Petro abstenerse de difundir propaganda electoral, después de concluir que utilizó su cuenta en la red social X para publicar contenidos favorables a su movimiento político.