La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación contra un juez penal especializado de Valledupar. El alto tribunal quiere establecer las responsabilidades del funcionario por las demoras administrativas en el proceso contra Rodrigo Tovar Pupo, conocido como alias 'Jorge 40', antiguo comandante paramilitar.

El caso tiene que ver con la masacre de Media Luna, que ocurrió el 27 de octubre de 1996 en San Diego, Cesar. Durante ese ataque, estructuras de las AUC arrebataron la vida a siete personas y desaparecieron a cuatro más. Según la Corte, el juzgado guardó el expediente casi cinco años sin trasladarlo al Tribunal Superior de Valledupar, lo que terminó favoreciendo la impunidad parcial en este caso de violencia paramilitar.

La demora en los trámites judiciales fue determinante. La defensa de 'Jorge 40' aprovechó el vencimiento de los términos para solicitar que prescribiera el delito de homicidio. Con esa prescripción en vigor, la justicia tuvo que modificar la sentencia que se había dictado en agosto de 2020. Tovar Pupo acabó con una condena a 35 años de prisión, pero dejó de responder penalmente por los homicidios y ahora solo enfrenta cargos por desaparición forzada. El juzgado apenas envió la sentencia al tribunal competente en junio de 2025.

Desde la Corte Suprema advirtieron que este tipo de dilaciones administrativas generan resultados que favorecen la impunidad de quienes fueron protagonistas de la violencia paramilitar en el departamento. Por eso compulsaron copias del caso para investigar posibles faltas disciplinarias o responsabilidades penales de los funcionarios que tuvieron a su cargo el expediente. Lo que está en juego es aclarar cómo un proceso tan importante permaneció estancado, beneficiando directamente a uno de los máximos responsables de las masacres en el Cesar.