La libertad del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla abrió otro capítulo turbio en el sistema judicial colombiano. Ahora los fiscales que llevaban su caso están bajo la lupa disciplinaria por haber dejado que los términos se vencieran de manera inexplicable.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial anunció que investigará directamente a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia. El motivo es claro: según la Comisión, "Determinar si ello constituye o no falta disciplinaria, y dada la calidad y jerarquía de los fiscales, corresponde a esta Corporación adelantar directamente las averiguaciones correspondientes". Lo que buscan determinar es si la demora en radicar la acusación fue por negligencia, error procesal o algo más grave.

El martes pasado, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ordenó soltar a Bonilla porque la Fiscalía simplemente no presentó el escrito de acusación a tiempo. La magistrada Isabel Fernández fue tajante durante la audiencia al recordar que desde la imputación de cargos habían pasado 120 días sin que se cumpliera este requisito fundamental, cuando la ley solo permite máximo 60 días. La magistrada precisó: "Los 120 días empiezan a correr desde la audiencia de imputación de cargos. Esos 120 días se vencieron el 31 de marzo". El colmo es que el fiscal Gabriel Sandoval radicó la acusación el mismo día de la diligencia, el 7 de abril a las 11:09 a. m., cuando ya era demasiado tarde.

La Fiscalía no se quedó con los brazos cruzados. Apeló la decisión argumentando que el proceso debía continuar, y en esa apelación se sumaron otros actores afectados: la propia Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, delegados de la Contraloría General de la Nación y del Instituto Nacional de Vías. Todos tienen interés en que el exministro siga siendo juzgado.

El caso Bonilla es parte del escándalo de presunta corrupción en la UNGRD, uno de los más delicados para el Gobierno nacional. El expediente ya ha dejado a varias personas en prisión, otras en juicio y algunas en la fuga. Aunque Bonilla recuperó su libertad por un asunto puramente procesal, su situación jurídica de fondo sigue pendiente. Todo dependerá de si la apelación logra revertir lo que ordenó el tribunal de Bogotá.