El Ministerio de Transporte tiene bajo la lupa a 37 organismos de tránsito del país por posibles irregularidades en la imposición de comparendos y fotomultas. La magnitud del caso es preocupante: más de 7,5 millones de multas están siendo revisadas, y entre ellas hay cerca de 5,8 millones que aún no han sido pagadas y que deberían ser revocadas automáticamente por las autoridades correspondientes.

Lo que complica más el panorama es que aproximadamente 1,5 millones de multas ya fueron canceladas por ciudadanos, lo que podría obligar a los organismos de tránsito a devolver más de un billón de pesos. En Medellín solo, se investigan 717 mil comparendos, mientras que Cali lidera con 2,7 millones de registros bajo revisión, y Bogotá suma cerca de 294 mil.

La SuperTransporte identificó un patrón preocupante: doce organismos habían comenzado a cobrar multas sin tener el concepto de desempeño que expide el Instituto Nacional de Metrología, un requisito que se considera obligatorio para garantizar que los sistemas tecnológicos sean confiables. Además, siete organismos operaron con conceptos técnicos de terceros y otros dieciocho obtuvieron esos conceptos después de ya haber empezado a imponer comparendos. Las irregularidades aparecen en ciudades como Cali, Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Montería y otras.

La ministra de Transporte, Mafe Rojas, fue clara sobre la intención de la investigación. "Hoy el Gobierno Nacional le dice al país que las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley. Cuando no se cumplen los requisitos técnicos y legales, los ciudadanos no pueden ser los que paguen las consecuencias", afirmó.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, manifestó que la ciudad aún no ha recibido un requerimiento oficial del ministerio, pero que cuando llegue se pronunciarán con más detalle sobre el caso. La investigación busca proteger el debido proceso y evitar que las multas de tránsito se conviertan en un sistema de recaudo que desconoce las leyes, como lo establece la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718 del Ministerio de Transporte.