Un golpe fuerte acaba de recibir la operación de fotomultas en el país. La Superintendencia de Transporte inició una investigación administrativa contra 37 organismos de tránsito distribuidos en distintas regiones, acusándolos de irregularidades graves en el funcionamiento de los sistemas automáticos que detectan infracciones de tránsito. Las consecuencias de esto podrían ser masivas para miles de conductores colombianos que han pagado multas que tal vez nunca debieron haber sido impuestas.

Los números son contundentes. Aproximadamente 5,8 millones de comparendos perderían validez y tendrían que ser revocados por las autoridades competentes. Pero hay más: de las multas que ya fueron canceladas por los conductores, más de 1,5 millones tendrían derecho a devolución de dinero. La cifra que podría retornar a los bolsillos de los ciudadanos superaría los 1,05 billones de pesos, una cantidad que muestra la magnitud del problema detectado.

El quid del asunto está en el incumplimiento de requisitos técnicos exigidos por la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718 del Ministerio de Transporte. La falla más grave es que muchos de estos sistemas operaron sin el concepto de desempeño emitido por el Instituto Nacional de Metrología, un documento que es obligatorio para garantizar que estas cámaras funcionen correctamente y de manera legal. Los investigadores encontraron que 12 organismos comenzaron a operar sin este concepto, siete utilizaron certificaciones que fueron expedidas a terceros, y otros 18 pusieron en marcha los sistemas antes de obtener la certificación requerida.

Las ciudades investigadas incluyen Barranquilla, Cartagena, Medellín, Cali, Bogotá, Villavicencio, Bucaramanga, Valledupar y Montería, entre otras. Según la Superintendencia, estos 37 organismos impusieron más de 7,5 millones de comparendos a través de estas tecnologías. De ese total, 1,582.398 ya fueron pagados, generando recaudos superiores a 1,05 billones de pesos. Las ciudades con mayores números son Cali con 2,7 millones de infracciones, Medellín con más de 717 mil, Barranquilla con 131 mil y Bogotá con cerca de 294 mil.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, fue clara en su mensaje: "hoy el Gobierno Nacional le dice al país que las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley. Cuando no se cumplen los requisitos técnicos y legales, los ciudadanos no pueden ser los que paguen las consecuencias. Aquí estamos protegiendo el debido proceso y los derechos de millones de colombianos".

Si las irregularidades se comprueban, las sanciones para las autoridades involucradas serían severas. No solo tendrían que devolver los 1,05 billones recaudados, sino que además enfrentarían multas equivalentes al doble de lo cobrado, cifra que superaría los 2,1 billones según contempla la ley. El superintendente de Transporte, Alfredo Piñeros, aclaró que estas acciones no van en contra de la seguridad vial, sino contra las irregularidades que afectan la legalidad y la confianza de los ciudadanos. "Ninguna cámara de fotodetección puede operar sin cumplir los requisitos técnicos y jurídicos exigidos por la ley", añadió.