La Fiscalía General de la Nación judicializó a Leyner Vega Fernández, investigador del CTI adscrito al grupo de balística en Norte de Santander, por su presunta participación en un esquema de manipulación de armas en la sede de la Fiscalía en Cúcuta. El funcionario habría aprovechado su acceso al almacén transitorio de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) para alterar, sustituir y desaparecer varias armas que hacían parte de procesos judiciales en curso.

Las irregularidades fueron descubiertas a través de una inspección interna que reveló inconsistencias graves en el inventario de armamento. Según la investigación, Vega Fernández habría reemplazado armas originales por otras de menor poder ofensivo, como traumáticas o neumáticas, mientras que otras simplemente no fueron ubicadas. Lo más preocupante es que el funcionario habría accedido al almacén en múltiples ocasiones fuera del horario laboral, lo que encendió las alertas sobre ingresos no permitidos.

Para poder entrar al almacén sin restricciones, el investigador presuntamente habría conseguido una copia no autorizada de la llave de seguridad. Las autoridades estiman que este esquema habría funcionado durante varios meses de 2025, dejando un rastro de decenas de alteraciones en el inventario y la desaparición de al menos tres armas.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Vega Fernández cargos por peculado por apropiación, delitos relacionados con tráfico y manipulación ilegal de armas, además de la posible alteración de material probatorio. Aunque el acusado rechazó los cargos, un juez de control de garantías ordenó que permaneciera en arresto domiciliario y le prohibió cualquier contacto con funcionarios de la Fiscalía mientras avanza la investigación.