Una investigación de La Silla Vacía destapó cómo funcionarios del Departamento de Prosperidad Social aceleró la entrega de un contrato millonario a Aremca, la Asociación Regional de Municipios del Caribe, en medio de señales de alerta que ya existían sobre esta organización. El contrato, por $33.000 millones, fue adjudicado en junio de 2025 para que Aremca manejara un programa de producción de alimentos dirigido a beneficiar a más de 6.900 familias en siete departamentos del Caribe. Lo particular es que todo se hizo en apenas 24 horas, sin que mediara una licitación como debería ser.

Dos funcionarias fueron clave en este proceso. Diana Carolina Martínez, secretaria general del DPS, fue quien firmó finalmente el contrato junto con la gerente de Aremca. Jeraldin Vera Ortiz, directora de Soberanía Alimentaria, gestionó los estudios previos y documentos que justificaban la contratación. Ambas llegaron al DPS de la mano de Gustavo Bolívar cuando este asumió la dirección en 2024. Vera Ortiz ahora hace campaña por el senador Iván Cepeda, mientras que Martínez trabaja desde octubre de 2025 como asesora de control disciplinario en RTVC, los medios públicos.

La Fiscalía anunció que imputará cargos a Martínez por "celebrar ese negocio con Aremca omitiendo alertas y principios de planeación". Según el fiscal, "En la etapa precontractual no se entiende cómo llegó Aremca. No hubo memorando de entendimiento que determine el origen". El fiscal agregó: "Es como si le hubieran cuadrado todo para que Aremca fuera la feliz adjudicataria del contrato". Lo que debió tramitarse mediante licitación pública fue asignado de forma directa, saltándose los requisitos básicos de transparencia.

La velocidad resulta sospechosa cuando se mira la cronología. El 19 de junio aparecieron los estudios de mercado solicitados días atrás. Ese mismo día, antes de las 5 de la tarde, llegó el certificado de disponibilidad presupuestal. Pasadas las 6 de la noche, fuera del horario laboral, la documentación llegó a la Oficina de Contratación. Al día siguiente, en sesión extraordinaria del Comité de Contratación, todo fue aprobado sin observaciones. Esa misma noche se firmó el convenio. Otros contratos aprobados en la misma sesión tomaron días o semanas para formalizarse.

Hay antecedentes preocupantes. En agosto de 2024, el entonces director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López (ahora senador), denunció una red de "contrataderos" que canalizaban presupuesto público de manera direccionada. Aremca estaba en esa lista. Pese a estas alertas, el DPS procedió con el contrato. Aunque Aremca recibió un anticipo de $9.000 millones, el proyecto apenas avanzaba un 31% a finales de año.

Cuando la Fiscalía llegó con allanamiento el 16 de julio, la nueva dirección del DPS intentó liquidar el contrato. Aremca se negó, argumentando que ya había iniciado la ejecución y tenía cláusulas penales en el convenio. El DPS terminó desembolsando los $9.000 millones. Hoy, con los nueve integrantes de Aremca capturados y enfrentando imputaciones, está por verse si logran cumplir con la ampliación de plazo hasta abril de 2026 que acaban de aprobar.

Martínez trabaja ahora en RTVC, donde curiosamente la emisora omitió mencionar su nombre cuando cubrió el escándalo de Aremca. La Procuraduría adelanta su propia indagación contra los funcionarios del DPS que participaron en la gestión del contrato. Gustavo Bolívar no se ha pronunciado sobre lo sucedido, mientras el DPS señala que está atento a los requerimientos de la justicia.