El escándalo llegó cuando menos se esperaba. A través de videos que circularon el 9 de junio, la ciudadanía se enteró de algo difícil de creer: un paciente fue sacado a la calle y dejado tirado en un andén del Hospital La María, en el centro de Medellín. Las imágenes generaron una ola de indignación que trascendió las fronteras de Antioquia. Daniel Quintero, Superintendente Nacional de Salud, no se guardó nada y lo expresó en redes sociales: "Inaudito. Sacan a la calle a un paciente en Antioquia y lo dejan tirado en la calle como si fuera basura. Por estos hechos he pedido explicaciones al Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón y a las directivas del hospital La María".

Las consecuencias no se hicieron esperar. La Superintendencia Nacional de Salud abrió una auditoría integral tanto al Hospital La María como a la Secretaría de Salud de Antioquia. Equipos técnicos de la Superintendencia se desplazarán al departamento para revisar cómo funcionan los procesos de gestión del riesgo y la atención a poblaciones vulnerables. Pero la cosa va más allá del hospital involucrado. Quintero fue claro en señalar que "las acciones de fiscalización no se limitarán únicamente al centro asistencial implicado", lo que significa que están buscando conocer si este comportamiento es un caso aislado o si hay un patrón problemático en toda la red hospitalaria departamental.

Lo que pasó en el Hospital La María no es un hecho desconectado. Ocurre en medio de una crisis profunda del sistema de salud en Antioquia. La Secretaría de Salud departamental ha advertido que los pasivos de las EPS con los hospitales alcanzaban 8 billones de pesos con corte a septiembre de 2025, una cifra que refleja el colapso financiero. Marta Cecilia Ramírez, Secretaria de Salud e Inclusión Social de Antioquia, ha insistido repetidamente en que el Gobierno Nacional debe presionar a las EPS intervenidas, especialmente Savia Salud y Nueva EPS, para que paguen sus deudas y los hospitales puedan seguir funcionando dignamente.

El Hospital La María, de hecho, está entre los siete hospitales departamentales que la Secretaría incluyó en un plan de optimización administrativa para reducir gastos burocráticos. Esta situación deja una pregunta incómoda: mientras intentan reorganizar administrativamente, ¿cómo se permite que un paciente sea tratado de esta manera? La investigación que acaba de abrirse tendrá que responder no solo qué pasó ese día, sino también cómo llegamos a un punto donde algo así es posible en una institución de salud.