Los números sobre empleo formal en Colombia no cuadran. Eso es lo que encontró el Grupo de Macroeconomía Aplicada de la Universidad de Antioquia después de comparar las cifras que publica el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) con los registros reales de pagos a seguridad social. El desfase es tan grande que parece casi increíble que ambas instituciones estén midiendo lo mismo.

El profesor Edwin Esteban Torres Gómez, quien lidera la investigación, descubrió algo inquietante. Con corte a febrero de 2026, el DANE reporta a través de su Gran Encuesta Integrada de Hogares que el empleo formal creció 8,2% en el último año, lo que significaría aproximadamente 814.000 nuevos puestos de trabajo formales. Pero cuando se miran los registros de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), que es donde realmente cotizan los trabajadores, la historia es completamente diferente: hay 170.000 cotizantes menos, una reducción del 1,3%.

La brecha se amplía aún más si se mira el panorama desde 2022. En estos cuatro años, el DANE reporta un crecimiento del empleo formal de 4,6%, pero la PILA muestra apenas un 0,9%. Es decir, según los datos oficiales, la formalidad laboral estaría creciendo casi diez veces más rápido que lo que realmente refleja la seguridad social. Además, el informe señala algo grave: los sectores económicos que están perdiendo afiliaciones representan el 63% del empleo formal del país.

Torres Gómez advierte que estas discrepancias no son un simple asunto técnico. Si el gobierno y la sociedad se guían por cifras demasiado optimistas sobre el empleo, terminarán diseñando políticas públicas que no resuelven los verdaderos problemas. "Una lectura excesivamente optimista de la situación laboral podría conducir al diseño de políticas públicas inadecuadas", explica el investigador, quien sugiere fortalecer la comparación entre encuestas de hogares y registros administrativos para tener una visión más clara.

El DANE respondió a las críticas defendiendo su rigor metodológico. La entidad aclaró que sus mediciones siguen lineamientos estadísticos internacionales y que su concepto de formalidad es diferente al que manejan los registros administrativos. El organismo enfatiza que incluye trabajadores independientes vinculados a negocios sin registro mercantil y asalariados que no cotizan a salud y pensión, aunque estén en relaciones laborales formales. Por eso, señala que los resultados de ambas fuentes "no son directamente comparables" porque tienen objetivos y diseños metodológicos distintos.

La entidad también rechazó cualquier acusación sobre sesgos políticos en sus reportes, manifestando que "las cifras institucionales carecen de sesgos partidistas y su único deber es publicar la información con independencia y rigor técnico".

Lo cierto es que mientras se resuelve esta discrepancia, el país sigue tomando decisiones sobre política laboral basándose en datos que, al parecer, no cuentan toda la historia.