Las autoridades de policía le hicieron un requerimiento a Germán Darío Gallo, el gerente interventor de Famisanar EPS, después de que se presentara un incidente por incumplimiento de una acción de tutela. Detrás de este procedimiento hay un paciente que denunció no estar recibiendo los insumos médicos que necesita para continuar con su tratamiento, lo que llevó a que acudiera a la justicia para reclamar sus derechos fundamentales en salud.

Desde Famisanar intentaron defenderse con un comunicado en el que señalaron que "la entidad atendió de manera oportuna los requerimientos derivados de dicho proceso, dio cumplimiento a la decisión judicial y superó la situación que dio origen a la actuación, garantizando la protección del derecho fundamental a la salud del usuario". Sin embargo, en su respuesta no precisaron cuál fue exactamente la actuación del interventor Gallo ni explicaron en detalle las circunstancias del caso del paciente.

Famisanar EPS lleva bajo intervención obligatoria de la Superintendencia de Salud desde septiembre de 2023 por problemas de índole financiera y por dificultades en la prestación de sus servicios. La entidad tiene a su cargo 2,9 millones de afiliados distribuidos en toda Colombia, con una concentración importante en Bogotá donde se encuentran más de la mitad de sus asegurados.

Los problemas de la EPS trascienden este requerimiento a su interventor. Esta semana trascendió que la Clínica Infantil Colsubsidio llegó a un acuerdo para mantener abierto su servicio de urgencias pediátricas hasta el 15 de julio, tras negociaciones enfocadas en que Famisanar avance en el pago de sus obligaciones pendientes. La deuda entre ambas instituciones supera los 700 mil millones de pesos, lo que puso en riesgo la continuidad de servicios de alta complejidad.

Este alivio temporal es crucial para Bogotá porque las urgencias pediátricas de la capital están operando muy por encima de su capacidad. Si cerraran servicios como el de Colsubsidio, miles de niños tendrían que ser remitidos a otras clínicas ya saturadas, agravando aún más la situación de atención en la ciudad.

A principios de año, el ahora senador electo Andrés Forero también apuntó contra Gallo. El congresista denunció que el interventor contrató a 75 personas en apenas mes y medio desde su llegada en noviembre, con un costo mensual cercano a los 700 millones de pesos. Entre esas contrataciones había bachilleres ganando hasta 28 millones mensuales y técnicas en enfermería con salarios cerca de 40 millones al mes, lo que despertó preocupaciones sobre cómo se estaban usando los recursos en la entidad.