Un giro inesperado en el caso de Carlos Ramón González sacudió los juzgados esta semana. La Interpol decidió suspender la circular roja que venía persiguiendo al exdirector del Dapre desde septiembre de 2025, acusado de ser una pieza fundamental en el escándalo de corrupción que sacó a la luz malos manejos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La decisión fue adoptada el pasado 2 de abril, según confirmaron fuentes cercanas al proceso. No pasó mucho tiempo antes de que la Fiscalía reaccionara: ya presentó una nueva solicitud para que se reactive la orden de búsqueda, ahora en manos del análisis administrativo del organismo internacional.

El abogado defensor de González, Iván Cancino, explicó en conversación con EL COLOMBIANO que la caída de la inscripción en Interpol obedeció a errores procedimentales que su equipo detectó y presentó ante la organización en Lyon, Francia. Con una estrategia clara de guardar sus cartas, Cancino fue cauteloso con los detalles: "Prefiero guardar silencio, porque si los explico, la Fiscalía podría corregirlos cuando vuelva a presentar la solicitud". Sin embargo, sí reveló que la suspensión se fundamentó en la vulneración de derechos fundamentales. "Se cae, en términos generales, por violación de derechos fundamentales, lo que soporta la solicitud de asilo", sostuvo el defensor, argumentando que esto respalda su tesis sobre la "falta de garantías" que enfrenta su cliente en Colombia.

Lo que significa esta suspensión es nada menos que González podría moverse por el mundo sin restricciones. "Si él quisiera viajar, podría hacerlo por cualquier lugar", señaló Cancino, aclarando que su cliente mantiene intacta su condición de asilado en Nicaragua y sin planes de cambiar su situación actual. El abogado fue categórico al rechazar que su defendido sea un prófugo: "En la calle pueden usar esa palabra 'prófugo', pero en el proceso no. Él tiene una condición distinta: es asilado". Cancino también descartó que González tenga intención de regresar a Colombia, aunque evitó detalles sobre cómo vive actualmente.

El proceso judicial sigue su curso hacia la etapa preparatoria, donde se definirán las pruebas de ambas partes. La defensa ya anunció que recurrirá a todas las instancias disponibles, incluso internacionales, para demostrar la inocencia de su cliente. Las acusaciones que pesan contra González son graves: cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos, según la Fiscalía. Los fiscales María Cristina Patiño y Gabriel Sandoval sostienen que González, desde su cargo en el Dapre, habría ordenado en septiembre de 2023 en Palacio de Nariño la entrega de 70.000 millones de pesos en contratos al expresidente del Senado Iván Name y al expresidente de la Cámara Andrés Calle, supuestamente para garantizar apoyo legislativo a proyectos del Gobierno.

Mientras el proceso avanza, González permanece en Nicaragua asistiendo a las audiencias de manera virtual bajo la protección de asilo político. A principios de este año se supo que reside en un conjunto residencial de cuatro casas ubicado cerca de la Embajada de Colombia en Managua, en un sector custodiado por diplomáticos rusos, acompañado por su esposa Luz Dana Leal, quien fue directora de un programa en el SENA. El periodista Daniel Coronell reveló en Caracol Radio que González conoce bien esa zona desde cuando fue embajador León Fredy Muñoz y vivía gratis en la residencia oficial.

Lo que encendió las alertas fue un video de diciembre pasado que lo mostraba disfrutando a lo grande en la "Noche vallenata Colombia", un evento de la Cancillería en el Teatro Nacional Rubén Darío de Managua. González apareció en la parranda junto a músicos como Camerata Bach y Albeiro González, en compañía del encargado de Negocios de Colombia en Nicaragua, Óscar Muñoz. Las imágenes generaron polémica y la Cancillería ordenó a su Oficina de Control Disciplinario que investigara lo sucedido.