La orden de captura internacional que pesaba sobre Carlos Ramón González acaba de desaparecer. La Interpol, desde su sede en Lyon, Francia, decidió anular la circular roja emitida contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en el marco del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La notificación llegó a las autoridades colombianas el 2 de abril, lo que en teoría le permite movilizarse libremente fuera de Nicaragua, país donde ha permanecido los últimos dos años tras obtener asilo político.

La razón de esta decisión tiene que ver con un tecnicismo: la Interpol consideró que parte de la información suministrada por Colombia en la solicitud original contenía datos que debían protegerse para salvaguardar los derechos del solicitante. Eso impidió que mantuviera activa la notificación roja. Pero la puerta no se cerró completamente. El organismo internacional dejó clara la posibilidad de que el Estado colombiano presente una nueva solicitud si aporta elementos materiales probatorios adicionales o información sobre hechos nuevos.

La Fiscalía no se quedó cruzada de brazos. Ya reactivó el trámite y radicó una nueva solicitud ante la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, esta vez fundamentada en el delito de lavado de activos. La petición se encuentra en evaluación por las autoridades competentes, así que es probable que González vuelva a tener una circular roja encima.

Para la Fiscalía, González es uno de los principales articuladores del presunto desfalco millonario a la UNGRD. Fue acusado el 29 de enero ante la Corte Suprema de Justicia por cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. Las acusaciones se sostienen principalmente en los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD que decidieron colaborar con la justicia. Ambos han señalado que desde el entorno de González se impartieron instrucciones para entregar dinero a congresistas y facilitar así el trámite de iniciativas del Gobierno.

Según López, en septiembre de 2023 se habría definido la entrega de 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, para destrabar reformas impulsadas por el Ejecutivo. Se menciona también un pago adicional de 1.000 millones de pesos al entonces presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. En estas operaciones también habría estado involucrada Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, quien según las declaraciones era la encargada de ejecutar las entregas de dinero.

Aunque González ha negado los señalamientos ante la Corte Suprema, la Fiscalía sigue recopilando pruebas para establecer su responsabilidad en el caso. Con la nueva solicitud de circular roja, la búsqueda internacional del exfuncionario está lejos de terminar, y todo indica que volverá a estar en la lista de personas más buscadas a nivel mundial.