A partir de mañana, decenas de pacientes oncológicos afiliados a Nueva EPS perderán acceso a los servicios del Instituto Nacional de Cancerología. La institución pública confirmó que se ve obligada a suspender la atención integral debido a que no ha llegado a acuerdos económicos y contractuales con la aseguradora. Según el INC, la situación se hizo insostenible desde el punto de vista financiero y operativo.

La medida deja en una situación crítica a quienes están en medio de diagnósticos, cirugías, quimioterapias y tratamientos paliativos de alta complejidad. El Instituto aseguró que agotó todas las instancias posibles para garantizar la continuidad en la atención, pero finalmente no le quedó más remedio que anunciar este cierre de servicios. La decisión generará, como lo reconoció el propio INC, "intranquilidad e incertidumbre" entre los pacientes, quienes deberán iniciar trámites de traslado o reasignación.

Jorge Iván Ospina, el nuevo interventor de Nueva EPS designado recientemente, reaccionó con sorpresa ante el anuncio. "Jamás me hubiese imaginado que hubiesen puesto un comunicado de tal magnitud vulnerando la confianza... las instituciones públicas deben tener un propósito colaborativo", afirmó Ospina, quien insistió en que los pagos a las instituciones prestadoras están planificados.

Sin embargo, la salida del INC refleja un problema mucho mayor. Nueva EPS lleva años en crisis. La Supersalud acaba de prorrogar por un año más la intervención a la aseguradora debido a fallas financieras que se arrastran desde 2022, rezagos en cuentas y falta de información clara. El panorama es aún más preocupante cuando se miran los números: en 2025, Nueva EPS fue la EPS más demandada del país con más de 63.000 tutelas en su contra, reflejo de incumplimientos sistemáticos en la entrega de medicamentos y una tasa de reclamos muy superior al promedio nacional.

Especialidades oncológicas críticas como hematología pediátrica, ginecología oncológica y urología quedarán directamente afectadas por esta decisión. Para miles de colombianos que dependen de Nueva EPS para tratar cáncer, el próximo 30 de abril marca un punto de quiebre en su acceso a la salud.