El Instituto Nacional de Cancerología llegó al punto de quiebre: dejará de aceptar nuevos pacientes asegurados a Nueva EPS. La decisión marca un momento crítico en el sistema de salud colombiano, porque pone cara a cara a dos entidades públicas que no logran encontrar acuerdos básicos como un contrato o el pago de lo adeudado.

El Instituto, que es una entidad pública adscrita al Ministerio de Salud y con autonomía administrativa, técnica y financiera desde la presente administración, ha estado en una situación insostenible. Durante varios meses siguió atendiendo a pacientes de Nueva EPS sin un contrato que respaldara esa atención, sin recibir dinero por los servicios prestados y sin autorizaciones previas para los procedimientos.

Carolina Wiesner Ceballos, directora general del Instituto, reconoció en el comunicado oficial que postergaron esta medida todo lo que fue posible. "La razón de ser de la institución es atender a pacientes con cáncer", señaló. Pero también dejó clara una realidad incómoda: el Instituto debe proteger su sostenibilidad financiera para poder seguir funcionando a largo plazo.

Lo que está en juego va más allá de la atención directa. El Instituto no es solo un hospital. Es también un centro de investigación del cáncer, un formador de especialistas y un diseñador de políticas públicas en oncología. Si se colapsa por falta de recursos, el impacto se sentirá en toda la cadena de atención del cáncer en Colombia. Por eso la decisión de suspender nuevos pacientes, aunque duele, responde a una lógica de supervivencia institucional.