Con Colombia a apenas dos días de elegir su próximo presidente, el país vive en una tensión política sin precedentes. Los rumores de fraude y las advertencias de actores políticos sobre lo que podría pasar según el resultado han generado un ambiente cargado. Pero algo inusual está ocurriendo: alcaldes de las principales ciudades, autoridades electorales, fiscales y decenas de organizaciones sociales han decidido hablar con una sola voz.

El registrador nacional, Hernán Penagos, fue directo en su mensaje desde Medellín: aceptar los resultados electorales no es una opción que cada candidato pueda evaluar según sus intereses políticos. Es un "deber democrático", sentenció. Penagos subrayó que la Registraduría funciona como un órgano neutro cuyo único propósito es garantizar que la decisión de la mayoría se exprese sin interferencias. Este llamado resonó en las capitales regionales. Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, fue categórico: "Nuestra democracia garantiza que podamos vivir en libertad. Defender las instituciones democráticas no admite ambigüedades. Respetar esas instituciones, empezando por el voto, es fundamental para que podamos seguir eligiendo cómo queremos vivir". Federico Gutiérrez en Medellín conectó el respeto por las reglas con el progreso concreto: "Colombia no puede perder el rumbo. El orden constitucional es lo que convierte la democracia en progreso visible para todos". Desde Barranquilla, Alejandro Char advirtió que "Las regiones solo avanzan si las reglas son claras y se respetan. Sin orden constitucional, y sin respeto por nuestras instituciones, no hay desarrollo".

El presidente del Senado, Lidio García, pidió que se eviten invitaciones a protestas callejeras si los resultados no favorecen a ciertos sectores. El procurador Gregorio Eljach fue enfático: "Si Colombia quiere asomarse al éxito y el progreso es fundamental que en todos los rincones del país se respete lo que digan los escrutinios, sin importar el nombre o el partido que resulten vencedores". El contralor Carlos Hernán Rodríguez pidió responsabilidad a las campañas para no anticipar escenarios de violencia que no han ocurrido.

Mientras estos llamados institucionales se multiplican, 53 organizaciones de la sociedad civil, incluyendo la Misión de Observación Electoral, Dejusticia y Transparencia por Colombia, han emitido un pronunciamiento conjunto rechazando las acusaciones infundadas de fraude. Los números hablan por sí solos: después de la primera vuelta del 31 de mayo de 2026, donde De la Espriella ganó, hubo una coincidencia del 99,94% entre el preconteo y el escrutinio oficial. La diferencia fue apenas del 0,06%. Esto es posible porque el sistema usa tarjetones físicos y formularios diligenciados a mano por jurados ciudadanos elegidos al azar, lo que lo blinda contra manipulaciones digitales.

La desinformación también ha jugado su papel turbio. Las autoridades y medios de comunicación han confirmado que circula un video montado con inteligencia artificial en el que supuestamente Iván Cepeda amenaza a electores. Es un engaño diseñado para generar temor y rechazo. Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial, fue clara en su rechazo a las amenazas políticas: "La democracia se fortalece con votos, no con amenazas". El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, hizo un llamado directo a los ciudadanos: "Un estado fuerte y confiable se construye sobre una premisa simple: el respeto absoluto por la Constitución: votemos sin miedo, votemos a consciencia, votemos en libertad".

Las organizaciones civiles no solo desmienten falsedades, sino que exigen compromiso público de ambos candidatos para reconocer los resultados electorales y garantizar una transición institucional ordenada. La Misión de Observación Electoral hizo explícito este llamado: que tanto De la Espriella como Cepeda, junto con sus equipos y líderes políticos, reconozcan el resultado electoral y transiten hacia la siguiente etapa respetando las instituciones.

Lo que está en juego es más profundo que una elección. El cardenal Luis José Rueda Aparicio lo resumió con sencillez: "Más allá de los problemas que nos afectan y de las diferencias que nos distinguen, es posible construir juntos el país que anhelamos. No más injusticias, no más violencias, no más odios, no más muertes". La pregunta que flota en el aire es si ese mensaje de civilidad, institucionalidad y respeto por la voluntad popular será escuchado en las urnas y después de ellas.