Un inspector de la Policía de Soacha enfrenta cargos por violencia sexual en su contra. José Arturo Figueredo, quien trabajaba en la Inspección Sexta de esa municipalidad de Cundinamarca, fue judicializado por la Fiscalía después de que tres mujeres que laboraban como guardas de seguridad en el mismo lugar denunciaran que fue objeto de insinuaciones íntimas y agresiones durante más de tres años, entre 2022 y 2025.

Las víctimas, de edades de 23, 30 y 42 años, relataron situaciones incómodas que ocurrían mientras cumplían su jornada laboral. Según la investigación, Figueredo habría aprovechado "el temor de las guardas de vigilancia, así como la posición dominante y de jerarquía que ejercía sobre ellas, para someterlas a actos en contra de su voluntad durante los turnos de trabajo". El caso ganó visibilidad cuando Dalin Selena Monsalve, la trabajadora de 23 años, decidió hacer pública su experiencia. Ella grabó un video el 3 de junio de 2025 alrededor de las 5 de la tarde en el que se ve al inspector acercándose de manera persistente y realizando actos de connotación sexual sin su autorización. Monsalve explicó que "decidí grabar la situación de manera discreta para dejar constancia de lo que estaba ocurriendo y, con ello, protegerme".

Dos mujeres más confirmaron pasar por situaciones similares con el funcionario, aunque pidieron mantener sus nombres en reserva. Una de estas agresiones escaló hacia abuso sexual, lo que llevó al Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual de la Seccional Cundinamarca a respaldar la imputación de delitos graves. Figueredo enfrenta cargos por un delito de acceso carnal violento y nueve de acto sexual violento.

La Fiscalía subrayó la vulnerabilidad de las mujeres frente al poder que ejercía sobre ellas. "Son mujeres, son trabajadoras, están temiendo que, en este momento, la persona llegue, dé una queja o solicite el cambio, y obviamente, ¿a quién le van a creer, señor juez?", cuestionó la Fiscal durante la audiencia. Asimismo, recalcó que Figueredo, siendo abogado e inspector de Policía, "es una persona que debe servirle a la comunidad y no violentar los derechos fundamentales de estas personas".

La Fiscalía también advirtió sobre el riesgo que representa el procesado para la comunidad. Indicó que "del 2022 hasta que es grabado en junio del año 2025 se presentaron reiteradamente estos hechos. Quiere decir con ello que efectivamente constituye ese peligro futuro para que continúe en esta actividad delictiva".

Figueredo rechazó los cargos y se acogió a su derecho a la defensa. Frente al video donde aparece, simplemente afirmó que se trataba de "una percepción". El juez ordenó que permanezca en su residencia bajo monitoreo electrónico mientras avanza el proceso judicial. Su caso pone en evidencia cómo en espacios de jerarquía y autoridad, muchas víctimas optan por no denunciar por temor a represalias laborales.