Colombia se prepara para unas elecciones presidenciales que definirán el rumbo del país enfrentando tres crisis simultáneas: la seguridad comprometida, un sistema de salud al borde del colapso y reformas sociales pendientes. La primera vuelta será el próximo 31 de mayo, y los analistas apuntan a que la contienda podría definirse entre candidatos de distintos extremos del espectro político.

En materia de seguridad, el panorama se ha deteriorado significativamente. Los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales han aumentado su presencia territorial en varias regiones. Los diálogos iniciados en 2022 con guerrillas, disidencias de las Farc y bandas criminales, promovidos bajo la bandera de "paz total", han tenido un efecto contrario: estos grupos han aprovechado la coyuntura para crecer en número de integrantes, expandir su control territorial y multiplicar las disputas armadas en distintas zonas del país. Esta realidad llega una década después del acuerdo de paz firmado con la antigua guerrilla de las Farc, que tampoco logró frenar el surgimiento de nuevas organizaciones criminales.

La lucha contra el narcotráfico agrega presión a la agenda de seguridad. El aumento de cultivos ilícitos y el fortalecimiento de grupos armados han complicado la estrategia de control y han deteriorado las relaciones con Estados Unidos. Esta crisis de seguridad contrasta con una agenda social que prometía reducir la desigualdad pero que, según diversos análisis, no ha avanzado como se esperaba. Colombia sigue siendo el segundo país más desigual de América Latina, solo después de Brasil.

Mientras tanto, el sistema de salud atraviesa su peor momento. La escasez de medicamentos, las deudas acumuladas de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) hacia hospitales y clínicas, y el cierre de servicios han generado barreras de acceso al tratamiento que golpean directamente a los pacientes. Las EPS deben millones de dólares a centros hospitalarios, creando un efecto cascada que afecta desde la capacidad de atención hasta la disponibilidad de medicinas.

El contexto político añade complejidad. Existe una creciente desconfianza hacia las instituciones públicas, y la polarización entre diferentes sectores dificulta la posibilidad de consensos. Además, el próximo gobierno deberá navegar un ambiente de confrontación política donde discursos antisistema ganan terreno, similar a lo visto en otros países de la región.

Quien tome las riendas del país el próximo período tendrá una agenda abrumadora: restablecer la seguridad, reconstruir un sistema de salud colapsado, y retomar las reformas sociales que la población espera. Todo esto en un contexto donde la confianza en las instituciones está erosionada y la polarización política limita los márgenes de maniobra para construir consensos.