Con más de 3.500 uniformados desplegados desde las primeras horas de la madrugada del jueves 5 de marzo, el Inpec puso en marcha una operación sin precedentes para blindar el sistema penitenciario antes de la jornada electoral. El megaoperativo se ejecutó de manera simultánea en 122 cárceles del país, con requisas profundas que incluyeron la revisión celda por celda, inspección de áreas comunes y hasta el desmontaje de colchones para encontrar escondites. La iniciativa, bautizada como Plan Democracia, buscaba específicamente evitar que desde adentro de las penitenciarías se coordinaran delitos como la extorsión o se intentara interferir en el proceso electoral.

Los números que arrojó la operación hablan de una realidad preocupante dentro de los muros. Según reportó el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, los operativos permitieron incautar 670 celulares junto con 1.600 accesorios, 372 tarjetas SIM y 490 armas blancas. Además se confiscaron 2.400 litros de licor, 21.500 gramos de estupefacientes y más de tres millones de pesos en efectivo. Las autoridades concentraron su atención en los pabellones donde se encuentran internos vinculados a delitos como extorsión, homicidio y hurto, justamente quienes suelen liderar operaciones criminales desde el encierro.

Uno de los hallazgos más ingenioso ocurrió en la cárcel de La Dorada, en Caldas. Allí los investigadores descubrieron que los delincuentes habían diseñado un sistema sofisticado para introducir artículos prohibidos aprovechando el alcantarillado de aguas lluvias. Pretendían meter 40 celulares y botellas de licor usando 30 metros de cuerda para arrastrar paquetes impermeabilizados hasta los pabellones. En Bogotá, el operativo se concentró en las cárceles El Buen Pastor, La Picota y La Modelo, mientras que en otras regiones se intervinieron prisiones de máxima seguridad como La Tramacúa.

Lo más inquietante tal vez sea lo que reveló el director Gutiérrez sobre la corrupción dentro de la institución misma. En lo que va del 2026, el Inpec ha capturado a seis de sus propios funcionarios sorprendidos intentando ingresar de manera ilegal elementos prohibidos a los centros de reclusión. Un recordatorio de que el problema no solo está en los privados de libertad, sino también en quienes tienen la responsabilidad de custodia.