En medio de la ola de críticas que ha sacudido a Bogotá por casos de personas con detención domiciliaria cometiendo delitos en la calle, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario salió a defender su sistema de monitoreo electrónico. La entidad insistió en que los brazaletes funcionan sin fallas estructurales y que el seguimiento se realiza de manera permanente a través del Centro Penitenciario Virtual, conocido como CERVI.

El debate se encendió tras un intento de hurto en la capital en el que uno de los implicados portaba un dispositivo de monitoreo. Esto llevó al alcalde Carlos Fernando Galán a cuestionar públicamente el funcionamiento del sistema. El mandatario fue tajante: "no son casos aislados, el sistema no está funcionando. Criminales con detención domiciliaria: cometiendo nuevos delitos en la calle". Añadió además que "los delincuentes deben estar en la cárcel, no en la calle".

Según el INPEC, el sistema de vigilancia opera con tecnología de georreferenciación y monitoreo satelital las 24 horas del día. Los dispositivos generan alertas automáticas en tiempo real cuando detectan desplazamientos no autorizados, manipulación del brazalete o pérdida de señal. La entidad reportó que actualmente hay más de 5.140 dispositivos activos en todo el país y que se realizan alrededor de 1.300 inspecciones semanales.

En el caso específico que generó la polémica, el INPEC reconoció que el individuo acumuló múltiples incumplimientos desde que fue cobijado con detención domiciliaria. Sin embargo, aquí viene lo importante: la entidad fue clara en señalar que ella no tiene la facultad de revocar estas medidas. Según el INPEC, esa decisión "recae exclusivamente" en los jueces de ejecución de penas. En sus palabras: "Es importante aclarar que la única persona autorizada para revocar la medida y que esta transgresión tenga consecuencias es el juez de ejecución de penas con base a los informes del Inpec, los cuales, reiteramos se han hecho y están documentados".

De esta forma, mientras el INPEC insiste en que sus herramientas tecnológicas funcionan correctamente y que los reportes llegan a tiempo a las autoridades judiciales, la discusión en Bogotá ahora apunta hacia un nuevo frente: la respuesta de los jueces frente a los incumplimientos que el sistema reporta. El debate se ha ampliado, dejando claro que el problema podría no estar solo en la tecnología, sino en toda la cadena de decisiones que debería frenar a quienes quebrantan sus medidas de restricción.