El panorama se complica cada vez más para Ricardo Roa. El presidente de Ecopetrol en licencia enfrenta ahora un informe contable que pone en duda la versión que ha dado sobre cómo pagó el apartamento 901, un inmueble que lo tiene en la mira tanto de la Procuraduría General como de la Fiscalía por presunto tráfico de influencias e irregularidades penales.

El análisis financiero, que revisó movimientos desde 2022 hasta febrero de 2026, llegó a una conclusión incómoda: ni Roa, ni su pareja Carlos Julián Caicedo, ni su sociedad Roca Bi S.A.S hicieron transferencias directas al propietario del apartamento. Sin embargo, sí aparecen seis depósitos que suman aproximadamente 1.800 millones de pesos, justamente el valor del inmueble. El problema es que nadie ha logrado aclarar de dónde salió realmente ese dinero.

Según el abogado de la empresa que vendió el apartamento, detrás de toda esta operación estuvo un tercero: el coronel Juan Guillermo Mancera, quien actuó como intermediario para que el bien terminara registrado a nombre de Roa. La trama se enreda más con detalles como una consignación de 100 millones de pesos en efectivo hecha por Darío Enrique Guarnizo en noviembre de 2023, y la participación de empresas vinculadas al coronel Mancera, como Innova Mercadeo, que también está siendo verificada.

Roa se defiende a través de su abogado, Juan David León, quien asegura que la compra fue completamente legal y está respaldada por créditos bancarios y cheques de gerencia que figuran en el sistema financiero. Pero por ahora, la palabra del abogado enfrenta un informe que dice otra cosa.

La Procuraduría no se dió por satisfecha con lo que tiene. Ordenó 16 nuevas pruebas incluyendo requerimientos directos a la firma vendedora en el extranjero y una revisión minuciosa del proceso de escrituración intermedia. Mientras tanto, la Fiscalía está evaluando si estos movimientos financieros tienen relación con otra investigación en curso: la presunta violación de topes de gastos en la campaña presidencial 2022-2026. Si la conexión existe, Roa podría enfrentar nuevas imputaciones de cargos.

La prórroga de tres meses que se acaba de conceder en la investigación indica que las autoridades están lejos de cerrar este caso. Cada nueva prueba parece abrir más interrogantes que respuestas.