Un informe de inteligencia financiera de la UIAF ha puesto en el centro de la polémica el patrimonio de la magistrada Cristina Lombana. El documento de 44 páginas, solicitado por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, fue publicado por Daniel Coronell en Caracol Radio y cuestiona cómo sus bienes se multiplicaron por más de cinco veces desde que llegó a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema en 2018.

Las cifras que trae el informe resultan significativas. Antes de asumir su cargo como magistrada, en 2017, Lombana reportaba un patrimonio de 651 millones de pesos. Para 2018, el primer año en la Corte, esta cifra pasó a 1.018 millones. En 2024, según el documento, el patrimonio alcanzaría los 3.402 millones. El informe también detectó inconsistencias entre los bienes que la magistrada declaró y lo que reportó en sus declaraciones de renta, que habrían reflejado apenas una tercera parte del valor real de su patrimonio.

Cuando fue consultada sobre estos hallazgos, Lombana ofreció sus explicaciones. Aseguró que "he sido una mujer sumamente organizada y afortunada porque pude siniestrar unas pólizas a raíz de un cáncer que me fue diagnosticado". Con esos recursos, explicó, pagó deudas hipotecarias y ganó un litigio contra la empresa Bienes & Bienes que le permitió obtener un apartamento de mayor valor. También mencionó haber recibido dos herencias: una de su abuela y otra de su madre. Adicionalmente, señaló que ahorra parte de su salario en una cuenta de fondos de pensión voluntaria, inicialmente diciendo que era el 10 por ciento y después ajustando que era el 30 por ciento. La magistrada también indicó que por su paso anterior por el Ejército recibe simultáneamente una pensión por invalidez junto con su salario de magistrada.

Según ella, el incremento en el valor de sus bienes inmuebles se explicaría porque su contadora realizó una actualización de avalúos conforme a valores comerciales, buscando disminuir futuras cargas tributarias en caso de vender las propiedades. Sin embargo, el informe de la UIAF menciona que la herencia de su madre habría sido de poco más de 20 millones de pesos y compartida con otro heredero, lo que cuestiona esta explicación.

La magistrada Lombana ganó visibilidad pública tras solicitar el allanamiento a la casa del ministro del Interior, Armando Benedetti, en el conjunto Lagos de Caujaral en Puerto Colombia. Benedetti reaccionó públicamente calificándola de "loca, demente y delincuente", generación que generó rechazo en redes sociales. Según información que conoció el periodista Coronell, Lombana considera que el informe de la UIAF es parte de una persecución política impulsada por Benedetti, en la que habrían participado el exdirector de la UIAF Luis Eduardo Llinás y la representante Gloria Elena Arizabaleta.

Cabe notar que el documento mismo aclara que "en ningún caso los informes de inteligencia y contrainteligencia tendrán valor probatorio en procesos judicales y disciplinarios", lo que limita el alcance legal del informe de la UIAF en investigaciones formales.