Lo que empezó como una jornada de protesta en Bogotá terminó en una situación tensa que dejó a más de 1.300 personas atrapadas dentro de las instalaciones del Ministerio del Interior. Fue alrededor de las 9:30 de la mañana cuando integrantes de la comunidad indígena Embera ingresaron por la fuerza a la sede ministerial ubicada en la carrera octava con calle 12 y obstruyeron todas las salidas. Lo que en un principio se reportó como el bloqueo de unos 200 trabajadores fue rectificado por el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, quien confirmó la cifra real de atrapados en los edificios Bancol y BIP.

Conforme pasaron las horas, la tensión fue creciendo. Entre los retenidos había mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con problemas de salud que no habían podido comer. La desesperación llegó a tal punto que varios funcionarios utilizaron hojas de papel para lanzar mensajes desde las ventanas pidiendo ser liberados. Al mismo tiempo, reportes indicaban que algunos manifestantes habían sobrepasado los filtros de seguridad e intentaban acceder a diferentes áreas del edificio.

Ante la negativa de los indígenas de permitir que las personas evacuaran, las autoridades decidieron intervenir. La Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden fue ordenada a actuar para abrir corredores seguros, pero la acción desencadenó fuertes enfrentamientos. La policía utilizó gases lacrimógenos mientras que los manifestantes respondieron lanzando piedras y otros objetos. Cerca de las 4:50 de la tarde, la situación empeoró cuando se reportaron actos de vandalismo y ruptura de vidrios en las instalaciones ministeriales.

Los gestores de convivencia de la Alcaldía de La Candelaria participaron en la evacuación de los funcionarios que habían sido afectados por los gases durante los disturbios. Las autoridades mantuvieron monitoreo constante de la situación.

Las comunidades indígenas, que se encuentran en Bogotá desde hace 15 días, exigen el cumplimiento de un pliego de peticiones que incluye temas de infancia, adolescencia, reubicación y ayuda humanitaria. Por su parte, el Gobierno Nacional emitió un comunicado en el que denunció la instrumentalización de menores de edad en las protestas para presionar a las autoridades. El comunicado enfatizó que, aunque respetan el derecho a la protesta, no permitirían la vulneración de los derechos de los trabajadores.