La jornada del miércoles en el centro bogotano estuvo marcada por la tensión cuando un grupo de indígenas Emberá Katío tomó cuatro sedes del Ministerio del Interior para exigir al Gobierno nacional que cumpla con varios compromisos. Según lo reportado, cerca de 1.500 funcionarios de la cartera quedaron retenidos dentro de las instalaciones durante aproximadamente siete horas, en medio de un bloqueo que incluyó daños a la infraestructura del edificio.

Las protestas surgieron de reclamos relacionados con recursos para el retorno de las comunidades a sus territorios de origen, mesas de concertación con el Estado y beneficios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Según el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó en un video dirigido a medios que "unas acciones violentas por parte de una facción de los emberá retuvieron, yo podría hablar hasta de secuestro, a 1.200 personas que trabajan en el Ministerio del Interior".

Ante la complejidad de la situación, las autoridades optaron por una estrategia de contención. La Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden se desplazó al lugar y coordinó un corredor humanitario que permitió la salida segura de los trabajadores sin que la fuerza pública ingresara a los edificios. El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, explicó que "el Ministerio del Interior solicitó la intervención en horas de la tarde. No hubo ingreso a las instalaciones; se generó un corredor para garantizar una evacuación segura".

Sin embargo, Quintero cuestionó la presencia de menores de edad y mujeres gestantes en la protesta. Según el funcionario, las comunidades indígenas utilizaron a niñas y niños como "escudos de protección", algo que fue priorizado durante la operación para garantizar su seguridad. Tras los enfrentamientos, algunos integrantes de la comunidad Emberá se retiraron y se trasladaron a la Plaza de Bolívar, donde las autoridades continuaban monitoreando la situación.

El ministro Benedetti enfatizó que el Gobierno ya ha atendido varias de estas peticiones en ocasiones anteriores, pero señaló que algunos grupos reciben recursos, regresan temporalmente a sus resguardos y luego vuelven a la capital con nuevas exigencias. Agregó que las comunidades están divididas entre sectores que buscan el diálogo y otros que recurren a acciones que considera violentas. También denunció que el grupo involucrado en los hechos habría impedido el acceso del ICBF para verificar las condiciones de los menores dentro de la comunidad.