Los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta alzaron la voz para exigir lo que consideran justo: ser parte de las decisiones que se toman sobre su propio futuro. Durante un encuentro de la Instancia Mixta de Participación de Pueblos Indígenas realizado en el macizo intertropical, líderes y autoridades ancestrales pidieron formalmente al Gobierno nacional incluirlos en los procesos de paz y las estrategias sociojurídicas que actualmente se adelantan en la región. No es una solicitud menor: estas comunidades están en primera línea frente a la violencia que generan los grupos armados ilegales presentes en sus territorios.

La Alcaldía Distrital de Santa Marta, a través de la Alta Consejería para la Sierra Nevada y la Zona Rural, participó activamente en el espacio de diálogo. Los pueblos ancestrales no solo presentaron su demanda de participación, sino que también expusieron las realidades que viven: hechos de violencia constante, amenazas a sus comunidades y reclutamiento forzado de jóvenes indígenas. Son problemáticas que no pueden ignorarse desde los escritorios de Bogotá.

La alta consejera para la Sierra Nevada y la Zona Rural, Claudia Patricia Aarón, explicó que la participación institucional tuvo como propósito "escuchar las solicitudes de las comunidades y apoyar su inclusión en los escenarios de diálogo que actualmente se adelantan en Magdalena, Cesar y La Guajira". Desde la administración distrital reiteraron su disposición de acompañar a estos pueblos y respaldar los espacios orientados a garantizar la protección de sus derechos y su permanencia en la Sierra Nevada.

Las autoridades indígenas fueron más allá en sus demandas. También insistieron en la necesidad de que el Gobierno avance en la declaratoria de la Línea Negra, un tema histórico para estas comunidades, e implemente medidas concretas que fortalezcan la seguridad en sus territorios. Desde la Alta Consejería subrayaron la importancia de mantener estos espacios de concertación vivos, porque solo así se puede construir una paz verdadera que respete a quienes más sufren el conflicto armado en Colombia.