La Fiscalía cerró la puerta a un aplazamiento. El expresidente Álvaro Uribe informó a través de redes sociales que la entidad acusadora rechazó la solicitud que había presentado la Procuraduría para diferir su indagatoria, programada para el 24 de julio. En su mensaje, Uribe denunció lo que considera un procedimiento irregular, señalando que "sigue el abuso de la Fiscalía".

Según el expresidente, la Procuraduría había advertido en su solicitud que no se han practicado pruebas fundamentales que la misma Fiscalía había ordenado. Sin embargo, en su respuesta, la Fiscalía argumenta que dispone de elementos suficientes para considerar que Uribe "puede ser autor o partícipe de los delitos de lesa humanidad". Uribe insistió en que "sin la práctica de las pruebas no tendré manera de defenderme", calificando la indagatoria como un acto que vulnera sus derechos fundamentales.

El expresidente ha mantenido una posición crítica frente a la investigación, denunciando lo que cataloga como un propósito político detrás del proceso. Afirmó que "detrás de esto está el compromiso de la Fiscalía con Iván Velásquez, con la JEP, con Cepeda y con Petro, a quien quieren entregar el trofeo de dejarme preso y llevarme a la cárcel por el resto de mi vida".

Las acusaciones contra Uribe se relacionan con hechos ocurridos hace más de tres décadas en el municipio de Ituango, Antioquia. En 1996, decenas de paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá incursionaron en el corregimiento La Granja, asesinando a cinco personas tras torturarlas frente a sus familias. Un año después, entre octubre y noviembre de 1997, paramilitares atacaron el corregimiento El Aro, donde masacraron a 15 personas, incendiaron 42 viviendas y desplazaron a 1.400 pobladores, según información de la Agencia Nacional de Tierras.

La investigación de Justicia y Paz identificó que la operación fue comandada por José Higinio Arroyo Ojeda ("Ocho Cinco") e Isaías Montes Hernández ("Junior"). El objetivo declarado era afectar al bloque José María Córdova de las Farc. En los hechos participaron tres helicópteros, uno de ellos pilotado por el comandante paramilitar Salvatore Mancuso. Lo llamativo es que nunca llegaron las Fuerzas Militares para proteger a la comunidad.

La investigación también abarca el asesinato del abogado Jesús María Valle, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Antioquia. El 27 de febrero de 1998, sicarios de la banda "la Terraza" irrumpieron en su oficina en Medellín y le dispararon dos veces. Como lo señaló a El Colombiano su sobrino Mauricio Alberto Herrera Valle, "a él lo mataron por decir la verdad. Divulgó lo que estaba pasando y en ese entonces hablar de paramilitarismo era tener una lápida pegada a la espalda".

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano en 2006 por complicidad y omisión en estos hechos. Por las masacres ya han sido sentenciados comandantes paramilitares como Salvatore Mancuso y Carlos Castaño, así como empresarios que patrocinaron las incursiones. Ahora la indagatoria de Uribe llevará nuevamente estos casos a la luz pública.