Casi un año después de que el cuerpo de Valeria Afanador fuera encontrado en el río Frío, la Fiscalía General de la Nación avanzó significativamente en el caso que conmovió a todo el país. La entidad acusadora imputó a Emily Vivian Fuentes Hernández, docente de la institución, y a Danny Javier Ochoa Prada, encargado del área de infraestructura del colegio, por el delito de homicidio culposo. Ambos trabajaban en el Gimnasio Campestre Los Laureles, ubicado en Cajicá, Cundinamarca, donde ocurrieron los hechos.

Valeria desapareció el 12 de agosto de 2025 de las instalaciones escolares. La niña, diagnosticada con síndrome de Down, salió del colegio sin que nadie lo notara a tiempo. Durante más de dos semanas se llevaron a cabo intensas labores de búsqueda en las que participaron familiares, organismos de socorro y autoridades. El 29 de agosto hallaron su cuerpo en el río Frío, generando una onda de dolor y preguntas sobre qué falló en el sistema de cuidado.

Según la Fiscalía, la investigación permitió identificar omisiones graves en el deber de cuidado. La docente habría dejado de supervisar adecuadamente los desplazamientos de Valeria y verificar que regresara del patio al salón de clases. Por su parte, el encargado de infraestructura no realizó mantenimiento preventivo a las rejas por las que la niña salió antes de dirigirse hacia el lugar donde fue encontrada.

Durante las audiencias preliminares, ambos procesados rechazaron los cargos en su contra. Mientras continúa el proceso judicial, mantienen la presunción de inocencia hasta que se determine su responsabilidad en los hechos.

El caso de Valeria trascendió lo penal y abrió un debate profundo en Colombia sobre las medidas de seguridad en instituciones educativas, especialmente en lo que respecta al cuidado de estudiantes con condiciones que requieren acompañamiento especial. Padres de familia, organizaciones defensoras de derechos de la niñez y autoridades educativas han insistido en la necesidad de revisar protocolos de vigilancia, infraestructura y respuesta ante emergencias. Su muerte quedará marcada como uno de los episodios más dolorosos del ámbito educativo colombiano en los últimos años, dejando una lección incómoda pero necesaria sobre la responsabilidad colectiva de proteger a los menores más vulnerables.