La Diócesis de Sonsón Rionegro acaba de tomar una decisión que tiene a varios fieles cuestionándose sobre a quién le aplica realmente la nueva norma. A través del decreto 025, el obispo Fidel León Cadavid Marín estableció que los bautizos y matrimonios deben realizarse en templos parroquiales autorizados, cerrando la puerta a las celebraciones en fincas privadas, capillas particulares o centros sociales sin permiso expreso de la diócesis.

La justificación que dio la iglesia es clara: necesita garantizar la validez canónica de los sacramentos, asegurar el registro eclesiástico correcto y mantener el sentido religioso de las ceremonias. En el decreto se argumenta que "la parroquia es 'comunidad de comunidades' y el lugar ordinario donde los fieles viven, celebran y fortalecen su fe", por eso el lugar propio para celebrar un matrimonio debe ser la parroquia a la que pertenece alguno de los novios.

Pero aquí viene lo que ha encendido las críticas. La nueva normativa mantiene excepciones especiales para tres lugares ubicados en El Retiro, donde un matrimonio religioso cuesta desde treinta millones de pesos. Esta flexibilidad selectiva ha generado inconformidad entre los fieles, quienes ven en esto posibles privilegios y una aplicación desigual de la norma.

El inconveniente se agudiza cuando se mira el contexto económico de municipios turísticos como Rionegro, El Retiro, La Ceja y Guarne, en el oriente antioqueño. En estas zonas, la industria de las bodas religiosas mueve cifras importantes a través del alquiler de fincas, decoración, banquetes y producción de eventos. Para muchas familias, la prohibición de usar estos espacios significa restricciones que no parecen aplicar de la misma manera para quienes pueden acceder a esos tres lugares permitidos.