El Instituto Geográfico Agustín Codazzi acaba de ampliar sus facultades para intentar desactivar la bomba que representa el impuesto predial en varios municipios del país. A través de la resolución 0384, las direcciones territoriales del IGAC obtuvieron la autorización para ajustar los avalúos catastrales, una salida que llega tarde pero llega, después de semanas de reclamos y hasta bloqueos en ciudades como Bucaramanga.

Lo que pasó es que en 2024 se puso en marcha una nueva metodología para actualizar los valores de los predios, especialmente en zonas rurales donde existían grandes rezagos. El Gobierno argumentaba que había propiedades comercialmente valiosas pero registradas a precios muy antiguos, lo que generaba inequidades en quién pagaba qué. Era, en teoría, un ejercicio de justicia tributaria que hacía parte de políticas que vienen desde 2016.

Pero en la práctica, los números se dispararon de una manera que muchos ciudadanos simplemente no pueden pagar. Ahí es donde entran los bloqueos, las marchas y la presión política que obligó al Estado a actuar. Ahora, con esta resolución, las autoridades en cada región tienen margen para revisar esos porcentajes aplicados en los avalúos y, si es el caso, bajarlos para acercarse más a la realidad del mercado local.

La medida es un reconocimiento implícito de que algo se torció en el camino. Mientras que el Gobierno insiste en que el proceso de modernización catastral sigue en pie, admite que necesita ajustes. Con esta autorización, cada territorio puede ahora buscar su propio equilibrio, moderando el impacto de esos aumentos que catalogaban como impagables. Es, de alguna forma, un respiro para miles de propietarios que veían sus finanzas amenazadas.