La identificación de un contratista de la entidad estatal que trabaja en gestión del riesgo de desastres en medio de actos vandálicos contra una sede política encendió las alarmas en Bogotá. Se trata de Sergio Bustos, quien fue señalado de participar en el retiro de una pancarta con la imagen de la senadora Paloma Valencia de la fachada de su sede de campaña en Chapinero durante una jornada de marchas que se registró en la capital.

La identificación no fue por casual. Según las indagaciones del concejal Daniel Briceño y del Centro Democrático, Bustos fue reconocido en videos grabados por ciudadanos gracias a las prendas de ropa que llevaba ese día. Los registros audiovisuales muestran a un grupo de personas removiendo la pancarta de la edificación.

Lo que avivó más la polémica fue descubrir que Bustos cuenta con un contrato vigente de prestación de servicios con el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. El documento, que fue publicado por Briceño, especifica un presupuesto total superior a 53 millones de pesos, distribuido en cuotas mensuales de cinco millones trescientos mil pesos, con vencimiento pactado para el 6 de agosto de 2026.

Tras conocerse esta información, Gabriel Vallejo, director nacional del Centro Democrático, anunció que tomarían acciones legales contra Bustos. Vallejo expresó que "El Centro Democrático denunciará penalmente a este funcionario del gobierno que le gusta vandalizar sedes políticas".

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también se pronunció sobre los hechos rechazando los actos de violencia. Según Galán, "Atacar una sede política no es manifestación social: es violencia. Rechazo los ataques y la vandalización de la sede de la candidata Paloma Valencia y otros establecimientos en Bogotá durante una marcha hoy".

Por otro lado, la senadora María José Pizarro aclaró que no mantiene vínculos personales ni laborales con Bustos, a pesar de que circularon fotografías donde aparecen juntos. Pizarro explicó que esas imágenes corresponden a encuentros públicos en el marco de agendas campesinas y movilizaciones de campañas presidenciales previas, debido a que Bustos es integrante de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc).

Hasta ahora, ni Sergio Bustos ni Carlos Carrillo, director de la UNGRD, han hecho declaraciones sobre la denuncia o la situación contractual del ciudadano. El Centro Democrático y el equipo de Valencia han solicitado a la Fiscalía que acelere el proceso de investigación y que implemente medidas de seguridad para proteger el ejercicio político.