Los colombianos que irán a votar en las presidenciales del 31 de mayo enfrentarán un panorama complicado en varias zonas del país. El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga advirtió este martes que existen riesgos reales para ejercer el derecho al voto libremente en algunas regiones donde grupos armados ilegales mantienen presencia e influencia.

El análisis del ICP, que tomó como referencia lo ocurrido en las elecciones legislativas de marzo pasado, es bastante preocupante. Encontraron que 1.019 puestos de votación, equivalentes al 7,6 por ciento del total analizado, presentan lo que los investigadores llaman "patrones atípicos". Esas mesas concentran 327.196 votos efectivos y un potencial de casi 500.000 personas habilitadas para votar.

Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del ICP, fue claro sobre lo que está sucediendo: "El voto se captura antes de llegar a la urna. Donde no hay denuncias visibles, puede haber miedo". El informe, elaborado junto a la Fundación Colombia 2050 y con el trabajo de más de 120 observadores en al menos 42 municipios, se titula 'Votar con miedo' y refleja exactamente esto: que la presión existe aunque no siempre sea denunciada abiertamente.

En departamentos como Caquetá, Guaviare, Cauca, Chocó y Norte de Santander la situación es especialmente delicada. El informe documenta casos concretos de gente que ha recibido amenazas para mostrar el certificado electoral, restricciones para movilizarse si están vinculadas a campañas políticas y la presencia intimidante de grupos armados cerca de las urnas. Pero eso no es todo. La compra de votos ya no es un caso aislado, sino un mecanismo estructurado de captura electoral, con pagos que van desde 20.000 hasta 500.000 pesos por voto.

Lo que más preocupa a los analistas es que el riesgo opera principalmente antes de que alguien llegue a la urna. El sistema de coerción incluye vigilancia comunitaria, restricciones a la movilidad y campañas de intimidación. Hace poco se difundió un audio en el que alguien amenazaba a campesinos de Guaviare con sanciones económicas si no votaban por el candidato Iván Cepeda, aunque el ministerio de Defensa aseguró que se trataba de un caso de extorsión carcelaria sin vínculos con guerrilleros.

El presidente Gustavo Petro fue enfático en su respuesta, manifestando que "la mentira y el miedo como base de la política solo traen el monstruo del fascismo" e insistió en mantener un debate democrático basado en argumentos y verdad. Mientras tanto, el ICP insiste en que es necesario reforzar la observación nacional e internacional en las zonas consideradas críticas antes de que llegue el día de las elecciones.