Una nueva alarma suena en el gobierno Petro por contratación indebida. La representante Jennifer Pedraza presentó denuncias contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por haber iniciado 12 contratos completamente nuevos por fuera de la Ley de Garantías, moviendo más de 25 mil millones de pesos. Lo curioso es que estos procesos no tenían ningún trámite previo, sino que, según la congresista, aparecieron "por arte de magia" justo cuando ya no se podía hacer.

La historia completa es un poco más enredada. El ICBF sí solicitó prórrogas para culminar 79 procesos contractuales que ya estaban en marcha pero no pudieron cerrarse antes de que entrara en vigor la Ley de Garantías, aparentemente por fallas en la plataforma SECOP II. Eso, en principio, suena razonable: culminar lo que ya estaba empezado. De esos 79, había 28 en fase de diseño, 22 en configuración, 20 pendientes de firma de la entidad y 9 esperando la firma del contratista. Pero los 12 restantes son los que tienen preocupado al país.

Colombia Compra Eficiente, que administra la plataforma SECOP II, fue clara en lo que permitía: continuar únicamente los procesos ya iniciados, "no iniciar procesos nuevos ni perfeccionar contratos inexistentes o incompletos en periodo prohibido". Aún así, esos 12 contratos aparecieron sin previa documentación. Entre todos los 91 procesos mencionados, la suma total llega a más de 121 mil millones de pesos.

Lo más grave es que 54 zonas del país terminaron sin contrato de alimentación. Municipios como Apartadó, Chigorodó, Necoclí y Turbo en el Urabá antioqueño, más municipios en La Guajira, Guainía, Chocó, Putumayo, Sucre, Vichada y Tolima quedaron sin este servicio esencial. Pedraza fue tajante: "eso no es descuido: es improvisación que exige investigación". El ICBF tuvo que abrir una nueva invitación pública por 47 mil millones de pesos, pero eso significa que la alimentación llegará, en el mejor de los casos, al menos dos meses después de iniciado el año.

El timing también levanta sospechas. Pedraza señaló que la supuesta falla en el sistema ocurrió apenas 30 minutos antes de que entrara en vigor la restricción de la Ley de Garantías. "Sin embargo, los retrasos contractuales eran serios, no se resolvían en media hora. Y aunque el Protocolo de Indisponibilidad de Colombia Compra Eficiente les permitía contratar después argumentando la falla técnica, no tenían permitido crear los 12 procesos contractuales que iban en cero", explicó la representante. Según su análisis, el ICBF contrató cuando no se podía "y ahora quieren hacerlo pasar por error del sistema".

Ante los hallazgos documentados, Pedraza pidió a la Procuraduría y la Contraloría intervenir y hacer un seguimiento riguroso. Su conclusión fue contundente: "La Ley de Garantías no se suspende a las 11:30 p.m. Y la transparencia no puede depender de una 'falla particular'". El equipo jurídico de la congresista considera que la situación puede explicarse por dos caminos: "la mala planeación de la entidad o posible corrupción". Cualquiera de los dos debería mantener en vilo a las autoridades de control.