El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar está en el centro de una tormenta administrativa que pone en riesgo los programas de alimentación en decenas de municipios. A inicios de febrero, un informe de Colombia Compra Eficiente sacó a la luz que el ICBF fue la segunda entidad con más contratos firmados antes del vencimiento de la Ley de Garantías, con una cifra de 1,2 billones de pesos. Sin embargo, hay un detalle que enturbia esa cifra: dejó por fuera los 54 contratos que garantizan la alimentación en igual número de municipios.

La congresista Jennifer Pedraza fue quien levantó la voz sobre esta falla. Según ella, "Esto no es descuido, es improvisación que exige investigación. Por lo anterior, luego el ICBF tuvo que abrir invitación pública por 47 mil millones. Ahora el proceso contractual será más demorado y la alimentación llegará, en el mejor de los casos, al menos dos meses después de iniciado el año". Los municipios afectados incluyen lugares del Urabá antioqueño como Apartadó, Chigorodó, Necoclí y Turbo, además de Segovia, Andes y zonas en La Guajira, Guainía, Chocó, Putumayo, Sucre, Vichada y Tolima, entre otros.

Lo preocupante es que estos contratos hacen parte de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN), un programa que tiene como objetivo "Garantizar que toda la población colombiana disponga, acceda y consuma alimentos de manera permanente y oportuna, en suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad". No es un detalle menor: casi 13 millones de colombianos enfrentan inseguridad alimentaria moderada o severa según el World Food Program, y alrededor de 2,1 millones están en situación severa. Para ponerlo en contexto, eso es entre un cuarto y un tercio de la población del país.

Frente a la denuncia, la directora del ICBF, Astrid Cáceres, respondió públicamente a través de X. Aseguró que "la toma de decisiones frente a cada regional y cada ordenador de gasto está totalmente amparada por la ley". Pero además agregó un argumento que cambió el tono de la conversación: denunció que desde dentro de la institución hubo quienes intentaron sabotear el cambio hacia operación directa con campesinos y madres comunitarias. Cáceres afirmó que algunos funcionarios "intentaron boicotear al campesinado, a las madres comunitarias como trabajadoras oficiales" y cuestionó a quienes pasaban información negativa, diciéndoles que "tal vez los que te pasan mal la información sean los mismos que no quisieron avanzar los procesos, que no fueron a las oficinas ese día, que escondieron trámites para evitar que el cambio avanzara".

Entre los dos relatos aparece una realidad más compleja que un simple descuido administrativo. Pedraza había señalado que en un audio se escucha a Cáceres "admitir que en varios procesos contractuales era responsabilidad del ICBF la no firma de los contratos" y que incluso tuvo que convocar una reunión de emergencia. La situación refleja tensiones internas sobre cómo implementar estos programas: si a través de operadores privados tradicionales o mediante operación directa con campesinos y madres comunitarias.

Mientras se resuelven estas discrepancias, los municipios afectados enfrentan un retraso de al menos dos meses en la llegada de alimentos, en un país donde más de 1.100 personas presentaron quejas entre julio de 2024 y junio de 2025 por dificultades para acceder a alimentos adecuados para sus condiciones de salud. El retraso no es un problema administrativo menor cuando se trata de garantizar comida a poblaciones vulnerables.