Cuando en noviembre de 2025 salió a la luz la investigación periodística "Los archivos secretos de Calarcá", el impacto fue sísmico. Los documentos supuestamente extraídos de dispositivos incautados al grupo disidente liderado por alias Calarcá mostraban conversaciones y encuentros que sugerían vínculos entre esa estructura armada y altos funcionarios del Estado. Todo parecía apuntar a un terremoto institucional que sacudiría tanto a las Fuerzas Militares como al propio Gobierno. Sin embargo, hasta ahora, ese remezón no se ha traducido en consecuencias definitivas.

La Procuraduría fue rápida en reaccionar. Abrió investigación disciplinaria apenas se conocieron las revelaciones y tres días después, el 27 de noviembre, ordenó la suspensión provisional del brigadier general Juan Miguel Huertas Herrera, comandante de personal del Ejército, y de Wilmar de Jesús Mejía, director de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia. La medida, argumentaban desde el organismo de control, buscaba proteger la transparencia del proceso e impedir interferencias en la recolección de pruebas. Pero esa decisión acaba de cambiar.

En días recientes, la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría decidió no prorrogar esa suspensión provisional. Aunque reconoció que en 2024 existía información apuntando a posibles alianzas irregulares, concluyó que "no existe evidencia suficientemente corroborada de que tales conductas continuaran o se materializaran mientras Huertas y Mejía ejercían sus funciones públicas". Con eso, ambos funcionarios pueden regresar a sus escritorios sin que hasta ahora exista una sanción definitiva en su contra. El proceso disciplinario, eso sí, sigue abierto bajo reserva.

La incertidumbre que ha dejado todo esto es tanta que hasta la propia DNI tuvo que salir a pedir claridad. La entidad envió un comunicado oficial a la Procuraduría pidiendo que definiera explícitamente si la suspensión de Mejía sigue vigente, fue archivada o si existe alguna resolución de fondo. La razón: esa ausencia de respuesta genera lo que llaman incertidumbre jurídica.

Tanto Huertas como Mejía han desmentido todo. Mejía, en particular, ha insistido en medios que su trabajo se limita a inteligencia estratégica dentro de los marcos legales y que jamás compartió información con grupos armados ilegales. También sugirió que las acusaciones podrían deberse a malas interpretaciones de su rol institucional. El presidente Gustavo Petro, por su parte, calificó como "falsos" algunos informes y apuntó, sin presentar pruebas públicas, que ciertos sectores estarían usando la información para desacreditar su gobierno.

Mientras tanto, la Fiscalía General de la Nación, a través de su Cuerpo Técnico de Investigación, ha continuado adelantando diligencias propias. Ha realizado inspecciones en instalaciones militares ordenadas por un fiscal delegado ante la Corte Suprema, todo con el propósito de fortalecer la investigación sobre los archivos y otros elementos probatorios incautados. El caso continúa bajo secreto mientras las autoridades reúnen y contrastan pruebas para finalmente esclarecer si hubo o no conexiones entre estos funcionarios y estructuras armadas ilegales.