Después de una semana de suspenso, la junta directiva de Ecopetrol vuelve a la mesa este lunes 30 de marzo con una decisión que ya no es meramente administrativa. El interrogante es simple pero delicado: qué hacer con Ricardo Roa, el presidente que está respaldado políticamente por el Gobierno pero que arrastra investigaciones judiciales y críticas crecientes de accionistas e inversionistas.

La semana pasada, la junta optó por dejarlo en el cargo mientras continuaba evaluando su situación internamente. Ese movimiento no apaciguó las aguas. La USO (Unión Sindical Obrera) advirtió que sin cambios podría intensificar sus protestas. Los accionistas minoritarios volvieron a cuestionar su permanencia. El ruido no paró.

Lo que está realmente en juego es qué estándar quiere usar Ecopetrol. Es una empresa controlada mayoritariamente por el Estado pero cotiza en bolsa y tiene que responder ante el mercado. Cada decisión tiene un costo diferente, y la junta lo sabe.

El camino más cómodo es volver a ratificar a Roa. La empresa podría argumentar que no hay condena, que rige la presunción de inocencia y que ya activó los protocolos internos necesarios. Eso mantendría el respaldo político, pero dejaría viva la tensión con el sindicato y los minoritarios. Gana tiempo, pero no resuelve el desgaste reputacional.

La opción más contundente es removerlo. Los estatutos de Ecopetrol facultan a la junta para hacerlo. Sería la señal más clara en términos corporativos: limpia, sin atajos. Aliviaría la presión de la USO y enviaría al mercado un mensaje de corrección. Pero tendría un costo político alto para el Gobierno, que ha apoyado a Roa en distintas controversias.

Existe también la posibilidad menos visible pero viable: aplazar nuevamente la decisión. Ecopetrol ya lo hizo el 25 de marzo al mantener abierta la evaluación interna. Es una salida que compra tiempo hoy pero no resuelve nada de fondo.

Hay una cuarta opción que ronda la conversación: suspender temporalmente a Roa mientras avanzan las investigaciones. En teoría suena razonable, pero los estatutos no regulan claramente una "suspensión preventiva" como tal. Una decisión así podría abrir debates jurídicos adicionales justo cuando la junta busca reducir riesgos, no multiplicarlos.