El Hospital Universitario del Valle se vio envuelto en una confrontación institucional después de que el presidente Gustavo Petro cuestionara severamente sus prácticas de vinculación laboral. A través de redes sociales el jueves 26 de febrero, el mandatario expresó que "En el hospital universitario del Valle tenían prácticamente un centro de esclavitud. La fuerza de la salud debe ser respetada".

La respuesta no se hizo esperar. Irne Torres, gerente de la institución, tachó las palabras de Petro como un señalamiento "desafortunado", "prematura" y "discriminatoria" contra quienes trabajan en el sector salud regional. En declaraciones a Blu Radio el viernes siguiente, Torres manifestó que "Es muy triste que la primera autoridad del país haga un comentario de ese tipo frente a un talento humano que está salvaguardando la salud de los vallecaucanos".

La gobernadora del Valle, Dillian Francisca Toro, también salió en defensa del hospital. A través de sus redes sociales aseguró que la entidad no vulnera los derechos de los trabajadores y destacó el compromiso del personal médico y administrativo. Toro fue clara en su posición: "El Hospital Universitario no vulnera derechos; al contrario, lo que hace es salvar vidas, que es el derecho fundamental que todos tenemos. Es el hospital que está atendiendo, que tiene las puertas abiertas ante esta crisis humanitaria que estamos viviendo en Colombia".

El punto de fricción es el modelo de contratación a través de agremiaciones sindicales. El hospital cuenta actualmente con 3.078 personas bajo esta modalidad, frente a apenas 475 trabajadores en planta permanente. Torres sostiene que este esquema cuenta con autorización del Ministerio de Trabajo y que "Son figuras que están autorizadas por el Ministerio. No se puede satanizar un proceso que ha sido validado institucionalmente". Sin embargo, la viceministra de Trabajo, Sandra Muñoz, ha cuestionado una presunta desproporción del 90 por ciento en los contratos sindicales, cifra que Torres cuestiona por no contar con un informe oficial que la respalde.

Las diferencias salariales son innegables y preocupantes. Un empleado de planta percibe en promedio 3.300.000 pesos mensuales, mientras que un trabajador bajo contrato sindical recibe alrededor de 1.700.000 pesos. Torres explicó que "Nosotros contratamos un servicio mediante licitación y la agremiación, de manera autónoma, establece la compensación de su talento humano", aclarando que el hospital no interviene en las decisiones financieras internas de estas organizaciones.

El gerente también señaló que la situación del HUV está limitada por su permanencia en la Ley 550, una regulación que restringe la creación de nuevas plazas de planta permanente. Según Torres, esto obliga al hospital a usar las herramientas contractuales disponibles para mantener la prestación del servicio. A esto se suma una crisis de flujo de caja: las EPS actualmente cubren menos del 50 por ciento de lo que el hospital factura, lo que agrava la capacidad financiera de la institución.