En el norte del Valle del Cauca, la crisis financiera que vive el sector salud llegó a un punto crítico. El Hospital Departamental San Antonio de Roldanillo tomó la decisión de restringir sus operaciones de manera parcial tras acumular una cartera de más de 10.000 millones de pesos que dice le debe Nueva EPS. La medida golpea duramente a los habitantes de ocho municipios de la región, incluyendo a Roldanillo, La Unión, Bolívar, Zarzal y La Victoria.

Casi 60.000 afiliados a Nueva EPS que dependen de este hospital para recibir atención de segundo nivel quedaron en una situación complicada. Ahora solo pueden acceder a servicios de urgencias vitales, mientras que especialidades como ginecología, cirugía general, pediatría, traumatología, medicina interna y medicina familiar cerraron sus puertas temporalmente. También dejaron de funcionar los servicios de ayudas diagnósticas como ecografías y radiografías.

Según explicó Mauricio Saldarriaga, gerente del hospital, el conflicto no es nuevo. "Esto afecta gravemente las finanzas de las instituciones de salud y es una situación reiterativa", expresó. El directivo señaló que el problema tiene sus raíces en cómo Nueva EPS maneja la facturación y los tiempos de pago. Cuenta que durante varios años la aseguradora ha hecho devoluciones y ajustes a las cuentas después de que ya estaban radicadas, lo que ha generado una controversia difícil de resolver. Mientras el hospital reclama 10.000 millones, la EPS argumenta que la institución les debe cerca de 1.700 millones, creando un punto muerto contable.

El impacto va más allá de los números. Sin flujo de dinero, el hospital enfrenta dificultades para comprar medicamentos, y sus proveedores se niegan a seguir entregando sin pago garantizado. Esto pone en aprietos a los profesionales contratistas que dependen de esos recursos para trabajar. "Ya que los proveedores no nos entregan medicamentos, nuestros profesionales contratistas no podrán seguir realizando su labor diaria sin pagarles", explicó Saldarriaga.

La administración del hospital advierte que, si no hay acuerdos de pago o garantías financieras en el corto plazo, las restricciones se mantendrán de forma indefinida. Como siguiente paso, llevarán el caso ante la Superintendencia Nacional de Salud para que el ente de control intervenga y ayude a encontrar una solución que permita restablecer la atención a los usuarios.