El sueño de tener casa propia se convirtió en pesadilla para 27 habitantes de Ibagué. Diana Milena y Carolina Guzmán Andrade prometían viviendas adquiridas en remate judicial a precios muy por debajo del mercado, con entrega garantizada en seis meses. Si no cumplían, aseguraban devolver el dinero invertido con ganancias que podrían superar el 100%. Para muchos ibaguereños cansados de pagar arriendo, la propuesta sonaba como la oportunidad de consolidar el patrimonio familiar.

Lo que comenzó como una oferta inmobiliaria terminó siendo un esquema delictivo. Según la investigación de la Fiscalía, las hermanas Guzmán Andrade se presentaban como intermediarias especializadas en remates judiciales. Bajo esa fachada, repetían el mismo patrón una y otra vez: ofrecían supuestas oportunidades de compra a precios inalcanzables en el mercado tradicional, pidiendo anticipos para "asegurar" el inmueble. El discurso estaba pensado para tranquilizar a los incautos: documentos formales, contratos suscritos, recibos oficiales y hasta letras de cambio con huellas. Todo parecía legal.

Las víctimas entregaban su dinero de formas distintas: consignaciones bancarias o pagos en efectivo. Los montos variaban según lo que cada familia podía aportar, aprovechando la capacidad económica de quienes veían en la compra la solución a sus problemas de vivienda. Así fue acumulando recursos hasta superar los 600 millones de pesos, dinero que no era de las hermanas sino ahorros de años de trabajo de personas que confiaron en ellas.

Todo cambió cuando una víctima se atrevió a denunciar. La queja llevó a las autoridades a desentrañar la estructura montada para captar dinero de manera irregular. La Fiscalía actuó rápidamente e imputó a las hermanas Guzmán Andrade los delitos de captación masiva y habitual de dinero, además de estafa agravada. Aunque los cargos están sobre la mesa, ambas se rehúsan a aceptarlos y seguirán vinculadas al proceso mientras avanza la investigación en Ibagué.