Después de años viendo cómo las concesiones se expandieron por todo el país, Colombia está en un punto donde la verdadera pregunta ya no es si debe desaparecer la participación privada en servicios públicos. Esa ni siquiera es la discusión correcta. Una sociedad puede funcionar perfectamente con operadores privados. Lo que resulta insostenible es un modelo rodeado de desconfianza, donde las estructuras de cobro permanente se multiplican y el ciudadano común siente que esos intereses se alejaron de sus necesidades reales.

Ese malestar ha sido especialmente visible en la Costa Caribe, donde durante años se multiplicaron las concesiones de peajes urbanos, fotomultas, sistemas de parqueo y grúas. El problema es que hoy una persona puede vivir en un municipio pero verse afectada permanentemente por decisiones tomadas en otro. Comparendos, fotomultas, patios de inmovilización, esquemas de recaudo que golpean directamente el bolsillo sin que casi nadie haya participado en crearlos.

Y aquí viene una distinción que el país no ha discutido con suficiente claridad. Una cosa es que una empresa privada opere el aseo, el alumbrado o cierta infraestructura. Otra muy diferente es que estructuras privadas terminen vinculadas al cobro de multas, fotomultas, inmovilizaciones o patios. En el primer caso se habla de eficiencia y calidad. En el segundo, lo que entra en juego es mucho más delicado: quién tiene poder para castigar económicamente al ciudadano. Y eso nunca ha sido un asunto menor.

Sancionar, multar, inmovilizar son expresiones directas del poder público. Por eso genera tanta desconfianza que alrededor de estos mecanismos hayan funcionado estructuras privadas de recaudo con enormes intereses económicos durante años casi sin revisión ciudadana. La pregunta incómoda es otra: en qué momento el país normalizó que cada dificultad administrativa o financiera terminara resolviéndose trasladando nuevos cobros permanentes al ciudadano, mientras operadores privados garantizaban estabilidades económicas a largo plazo.

Esta discusión ya no puede quedarse solo entre gobiernos y concesionarios. Tiene que volver a la ciudadanía, a los concejos municipales, a las asambleas departamentales y al Congreso. Es tiempo de abrir debates públicos sobre las concesiones que operan hoy en Colombia. Una por una. Revisar sus tiempos, sus prórrogas, sus ganancias, sus tarifas, sus mecanismos de control. Y sobre todo, el verdadero equilibrio entre lo que gana el privado, lo que recibe el Estado y lo que termina pagando el ciudadano.

Organismos de control, medios, universidades y todas las fuerzas vivas del país tienen una responsabilidad. Durante demasiado tiempo muchas de estas estructuras se naturalizaron sin suficiente deliberación pública, como si fueran inevitables, como si no pudieran revisarse. Pero las sociedades democráticas no funcionan así. Ningún modelo debería quedar por fuera del debate permanente cuando afecta directamente la movilidad, el bolsillo y la vida cotidiana de millones.

La verdadera discusión no es si debe haber participación privada o no. Es si el país no debería volver a preguntarse con mucha más seriedad por los límites, la proporcionalidad, el control democrático y la legitimidad de estructuras que adquirieron permanencia sobre la vida colectiva. Tal vez la pregunta más importante de todas sea esa: hacer público lo público.