El pulso judicial entre el alcalde de Medellín y la senadora del Pacto Histórico volvió a escalarse este martes en la Corte Suprema de Justicia. Federico Gutiérrez salió de una audiencia asegurando que Isabel Zuleta fue obligada a retractarse nuevamente por las acusaciones que había lanzado en su contra, en las que lo relacionaba presuntamente con estructuras criminales. El mandatario local informó a través de redes sociales que "una vez más, la justicia nos da la razón" y recordó que la senadora ya había tenido que retractarse el pasado 10 de noviembre.

Según el relato de Gutiérrez, durante la audiencia de este martes Zuleta tuvo que eliminar varios mensajes publicados en sus redes sociales que, a juicio del alcalde, contenían afirmaciones difamatorias. "Le tocó borrar, uno por uno, los mensajes difamatorios al frente mío y de la justicia", expresó. El alcalde insistió en que algunos de esos mensajes no habían sido borrados previamente, a pesar del compromiso previo. También fue contundente en sus críticas: llamó a la senadora "sicaria digital" y le pidió que aprenda la lección.

Sin embargo, la versión de Isabel Zuleta sobre lo que ocurrió en la Corte fue bien diferente. La congresista confirmó que cumplió con los requisitos establecidos en el proceso de conciliación y que la Corte consideró satisfactoria su aclaración respecto a no constatar de manera directa lo que había afirmado. Sobre la eliminación de mensajes, reconoció haber borrado algunos porque al alcalde le incomodaban, pero aclaró que "esto no implique que mi derecho a la libertad de expresión se vea lesionado".

Zuleta dejó clara su postura: mientras que como persona está dispuesta a corregir expresiones que molesten a Gutiérrez, como funcionario no tiene la misma disposición. "Al sujeto Federico le concedo, como persona, que si se siente mal con mis expresiones las corrijo. Esto no es un asunto personal; al alcalde, como funcionario, no le concedo, le exijo", manifestó la senadora. Con esto, Zuleta reafirmó su intención de continuar ejerciendo control político sobre la administración distrital y exigiendo respeto por lo que ella denomina el derecho a la paz urbana en Medellín.