La seguridad de los cabildantes de Medellín se convirtió en una alarma que el alcalde Federico Gutiérrez decidió escalar directamente hasta Bogotá. Mediante una carta dirigida al ministro del Interior, Armando Benedetti, y al director de la Policía Nacional, el mandatario formalizó una solicitud de protección especial para cuatro integrantes del Concejo Distrital que aseguran estar en riesgo inminente. Los concejales Alejandro de Bedout, Andrés Felipe Tobón, Andrés Felipe Rodríguez y Claudia Carrasquilla son los que requieren esta cobertura de seguridad tanto para ellos como para sus familias.

Lo que llama la atención es que esta petición oficial surge apenas dos días después de un evento inusual en el cabildo: una sesión a puerta cerrada realizada el sábado 25 de abril, la primera en más de diez años. La decisión de sesionar en reserva no fue pacífica. De hecho, los resultados de la votación mostraron fracturas claras en la corporación. Once concejales, liderados por De Bedout y Rodríguez, votaron a favor de mantener la puerta cerrada. Curiosamente, Andrés Felipe Tobón, quien es uno de los concejales amenazados, votó en contra junto a otros cuatro cabildantes. Cinco más, incluyendo a Claudia Carrasquilla (también en la lista de amenazados), no participaron en la votación.

En el documento elevado a Bogotá, Gutiérrez enfatiza que las autoridades nacionales deben implementar esquemas de protección adaptados a la realidad específica de las amenazas denunciadas. El objetivo es evidente: garantizar que estas intimidaciones no interfieran en el ejercicio del control político que estos concejales deben cumplir, y que puedan trabajar en condiciones de seguridad en todo el Valle de Aburrá. La Unidad Nacional de Protección deberá hacer una valoración técnica de cada caso para definir las medidas correspondientes.