Medellín vivió este sábado una jornada de balance en seguridad. El ministro de Defensa Pedro Sánchez y el alcalde Federico Gutiérrez encabezaron una reunión estratégica que reunió a delegados de los diez municipios del Valle de Aburrá para evaluar los avances en la lucha contra el crimen organizado en la región. El encuentro sirvió para que las autoridades nacionales y locales trazaran nuevas rutas de trabajo contra la delincuencia.

Gutiérrez no se anduvo por las ramas. Con su característico lenguaje directo, el mandatario local criticó las recientes políticas de diálogo del Gobierno Nacional con estructuras criminales, haciendo referencia a un evento realizado en junio del año pasado donde líderes de bandas fueron presentados públicamente en Alpujarra. "Las estructuras criminales no merecen tarimazos, merecen guarapazos de parte de la Fuerza Pública", disparó el alcalde, expresando además que "aquí tenemos una fuerza pública activa que da golpes contundentes en contra de la criminalidad mientras otros posan de voceros de paz a la vez que hacen la guerra". El mandatario fue enfático al pedir que se capturen o den de baja a alias Calarcá y los integrantes del Frente 36 de las disidencias de las Farc, y rechazó que el terrorismo se oculte bajo el derecho a la protesta social.

Por el lado de las inversiones, Medellín se prepara para fortalecer su infraestructura de vigilancia. La ciudad contará el próximo año con el C5I (Comando Integrado de Seguridad), proyecto que demandará 300 mil millones de pesos. A través del Área Metropolitana, se destinarán otros 150 mil millones para duplicar las cámaras LPR, equipos que identifican placas vehiculares automaticamente.

El ministro Sánchez destacó varios golpes operativos recientes contra el crimen. Se logró capturar a alias Sebas, un cabecilla que generaba rentas criminales por 1.800 millones de pesos mensuales en la comuna 13. También fue desmantelada una oficina de sicariato con nueve capturados. La Operación San Martín está en marcha para desarticular el Frente 36, con recompensas de hasta 5 millones de dólares por alias Calarcá y 500 millones de pesos por alias Primo Gay.

Desde finales de 2024, la región recibió 1.675 policías adicionales, lo que llevó la tasa a 220 uniformados por cada 100 mil habitantes. El ministro también anunció una alianza público-privada para construir una nueva cárcel con 1.339 cupos, permitiendo trasladar a 1.200 privados de la libertad que actualmente están hacinados en estaciones de policía, lo que liberará cerca de 200 uniformados para que regresen a patrullar las calles.

Sánchez cerró el mensaje afirmando que "esta es ya la 15ª reunión que hacemos aquí en Antioquia. Es de los departamentos donde más consejos y reuniones de seguridad hemos hecho con un cumplimiento de los compromisos en promedio del 78%", subrayando que "Antioquia no está sola, que el Valle de Aburrá, Medellín tampoco están solos y que aquí está también el Gobierno Nacional".