No pasó ni una semana para que el general Erick Rodríguez Aparicio tuviera que limpiar su escritorio y dejara las Fuerzas Militares. Su "delito": haber revelado en un consejo de seguridad que disidentes de las FARC estaban carnetizando a campesinos en el Meta y Guaviare, usándolos como mecanismo de control y presión territorial. Pero mientras se cerraba una puerta en el Ejército, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, le abría otra.

A través de las redes sociales, Gutiérrez no se anduvo con rodeos. "Públicamente lo invito a que se venga para Medellín con su familia y trabaje con nosotros por Medellín en nuestra Alcaldía. Cuidemos a nuestros héroes", escribió en su cuenta de X. El mensaje sonaba más a gesto político que a simple oferta laboral, como si el alcalde quisiera dejar clara su posición frente a lo que considera una injusticia.

Y es que la invitación vino acompañada de crítica directa al Gobierno nacional. Gutiérrez aprovechó para lanzar una andanada contra el presidente Gustavo Petro, diciendo que "Petro maltrató de principio a fin de su desgobierno a nuestros Militares y Policías, para cumplirle a las Farc, Eln y Clan del Golfo. Lo sacan por denunciar carnetización de las Farc a los campesinos en el Meta. Que pronto cese la horrible noche".

Lo que en la superficie parece ser un acto de solidaridad con un militar, en realidad toca un nervio más profundo en el país. El caso de Rodríguez levanta un interrogante incómodo: qué tan lejos puede llegar la presión política sobre los altos mandos militares que se animan a denunciar abusos de grupos armados ilegales. La jugada de Gutiérrez tiene dos caras: por un lado muestra respaldo a la tropa, pero por el otro marca una clara distancia con un Ejecutivo que, según su criterio, ha dejado solos a quienes se enfrentan a estos grupos en el terreno.