Lo que comenzó como una disputa política en los pasillos de la Asamblea Departamental de Córdoba terminó en los escritorios de la Fiscalía General de la Nación. El exdiputado Gustavo Ricardo Negrete Bonilla anunció públicamente que presentó una denuncia penal contra Sandra Ovalle García, representante legal del Nuevo Liberalismo, en el medio de una crisis que sacudió al partido tras su salida hacia el movimiento En Marcha.

A través de sus redes sociales, Negrete confirmó que interpuso la denuncia por los presuntos delitos de falsedad en documento público y fraude procesal. Aunque por ahora no han trascendido los detalles específicos de la acusación, el anuncio intensificó aún más la tensión alrededor de la curul que quedó sin ocupante después de que el exdiputado decidiera renunciar a su escaño y abandonar el Nuevo Liberalismo.

El punto de quiebre llegó cuando Negrete decidió dar un paso tan radical: dejar su posición en la corporación departamental e integrarse al movimiento En Marcha. Esa salida no solo generó un vacío político importante, sino que también abrió una batalla legal sobre quién debe asumir la representación y cómo quedará redistribuido el poder en la región. Ahora la pregunta sobre la curul está lejos de ser un asunto administrativo: es una contienda con implicaciones judiciales claras.

Con la denuncia presentada, corresponde a la Fiscalía revisar la documentación entregada por Negrete y determinar si existen elementos que justifiquen abrir una investigación formal. Mientras tanto, en los corrillos políticos de Córdoba la noticia corre de boca en boca, alimentando tensiones y especulaciones sobre los verdaderos móviles detrás de una pelea que apenas está comenzando y que podría resolverse finalmente en los estrados judiciales.