La promesa de seguridad que el Gobierno hizo para las elecciones presidenciales se tambalea esta semana. Tres focos de violencia activados casi simultáneamente en Guaviare, La Guajira y Bogotá dejan en claro que, a pesar de los anuncios de blindaje, las facciones armadas siguen actuando con relativa impunidad en diferentes rincones del país.

El panorama más crítico ocurre en la vereda La Siberia, en el municipio de San José del Guaviare. Allá se desencadenó un enfrentamiento brutal entre dos estructuras criminales: el Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), comandado por Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá, y el Estado Mayor Central (EMC), dirigido por Néstor Vera Fernández, conocido como Iván Mordisco. El conflicto, que inició el lunes por la noche, ha dejado entre 48 y 50 muertos según los cálculos del Ejército, cifra que incluye menores de edad. Lo más grave es que ni siquiera se sabe aún si hay civiles fallecidos, porque los militares todavía no han conseguido llegar al lugar exacto para establecer un perímetro de seguridad. Ante la imposibilidad de acceder a la zona, las autoridades decidieron trabajar con los pobladores locales para que trasladen los cuerpos hasta un punto intermedio donde forenses puedan hacer los reconocimientos necesarios. En esa labor particularán delegados de la Defensoría, la MAPP OEA, la Alcaldía y la Gobernación.

El general Hugo López Barreto, comandante de las Fuerzas Militares, explicó que la pelea responde a la disputa por controlar rutas de transporte de droga y otras economías criminales. Aunque reconoció que "El Ejército y la Armada han desplegado tropas sobre los sectores de Charras, Puerto Alvira y Tomachipán, con el fin de garantizar la protección de la población civil", también aseguró que "revisamos el dispositivo electoral en esta región del país, y encontramos que no están comprometidas las cabeceras municipales, donde se encuentran los puestos de votación". En Guaviare funcionarán 47 mesas de votación que, según las autoridades, estarían seguras.

En La Guajira, la tensión es aún más palpable. El secretario de Gobierno departamental, Misael Velázquez, no se guardó críticas tras el atentado que el ELN perpetró contra el Batallón Cartagena en Riohacha, dejando 12 militares heridos. En diálogo con EL COLOMBIANO, soltó una frase que resume el desencanto de la región: "Tiene que mostrar una voluntad real. La política de paz total no ha sido lo que esperábamos para garantizar tranquilidad, convivencia y desarrollo en La Guajira". El ataque consistió en el lanzamiento de 12 artefactos explosivos contra la unidad, de los cuales 3 detonaron en el lugar y 9 fueron desactivados posteriormente. Las autoridades locales ofrecieron una recompensa de 200 millones de pesos por los responsables. Velázquez alertó sobre la proliferación de grupos criminales en zonas indígenas y fronterizas donde operan desde disidencias de las FARC hasta el Clan del Golfo, pasando por los Conquistadores de la Sierra. El secretario subrayó que "Esta es una frontera porosa. Aquí se disputa la ruta del narcotráfico y necesitamos más inteligencia, tecnología y pie de fuerza". Pese a todo, anunció que habrá 4 mil uniformados resguardando los 218 puestos de votación del departamento.

En Bogotá, la Universidad Nacional vivió momentos de pánico cuando un grupo de encapuchados irrumpió en el campus para lo que llamaron "conmemorar un año más de combate" de las disidencias de las FARC. Las ocho personas, vestidas con overoles azules y rostros cubiertos, amenazaron con activar explosivos en el edificio de Ciencias Humanas. Fueron profesores y estudiantes quienes, de manera valiente y pacífica, los confrontaron y lograron que se retiraran. Los manifestantes portaban una bandera de Colombia con el logo de las antiguas FARC-EP y una pancarta con la silueta del fallecido comandante Alfonso Cano, junto con la consigna "pa' Bogotá. ¡Allá nos pillamos!". Además pintaron grafitis identificándose como integrantes de la "Unión Clandestina Popular" y el "Movimiento Bolivariano FARC-EP". Los manifestantes, según dijo un comunicado de la Vicerrectoría, exigían que evacuaran el edificio porque "armarían y activarían allí artefactos explosivos". El concejal Julián Espinosa advirtió que esto representa "la presencia abierta de estructuras criminales ligadas a las disidencias de las FARC, específicamente de la Columna Jorge Briceño (Mono Jojoy), haciendo apología y ocupando espacios dentro de una universidad pública en Bogotá".

El rector José Ismael Peña precisó que "en la Nacional tienen cabida todas las formas de expresión, pero no toleraremos aquellas que inviten a la violencia y pongan riesgo a miembros de nuestra comunidad". También reconoció "a los profesores y estudiantes que, de forma pacífica, defendieron su derecho de habitar un campus sin violencia".

El Ministerio de Defensa reporta que 408 mil efectivos de la Fuerza Pública estarán desplegados en todo el territorio nacional durante la jornada electoral, enfocándose en 67 municipios considerados de alto riesgo. Las autoridades también han realizado 21 reuniones de coordinación y acompañado más de 600 eventos de campaña sin que se registren agresiones contra candidatos. Sin embargo, pese a estos números sobre el papel, los hechos de esta semana demuestran que el control de la violencia en regiones remotas y fronterizas sigue siendo un reto que las instituciones no logran resolver completamente. La pregunta que flota en el aire es si Colombia podrá votar en paz el próximo domingo.